De acuerdo con las estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, en el país hay entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado.

Además de que son víctimas de toda clase de violencias, “se les obliga a realizar conductas que los deshumanizan, y a pesar de que puedan escapar y reinsertarse en la sociedad, les dejan marcas físicas y emocionales imborrables”, expuso la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), de la Secretaría de Gobernación.

Durante la sesión permanente de comisiones de la instancia nacional y las estatales, la encargada de despacho de la SE del Sipinna, Constanza Tort San Román, alertó que factores estructurales como la desigualdad y el rezago social propician que esta población esté más expuesta al reclutamiento por parte del crimen organizado.

Las cifras oficiales muestran que, hasta julio pasado, había reporte de 3 mil 99 adolescentes de entre 14 y 17 años con medidas privativas de libertad; 93 por ciento, varones.

Además, las estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), muestran que 101 menores en esta situación tenían entre 12 y 13 años.

En las cifras del órgano de readaptación social se considera como adolescentes procesados, con medidas privativas y no privativas de su libertad, a personas desde 12 y hasta 24 años de edad. En suma, son 5 mil 560 los adolescentes sancionados por delitos del fuero común y federal, de los cuales mil 318 se encuentran en internamiento y el resto están libres con medidas cautelares o con una suspensión condicional del proceso.

Jalisco, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Aguascalientes y Chihuahua concentran la mayor cantidad de adolescentes vinculados a un proceso legal.

A la par, en un foro en el Senado, la funcionaria federal agregó que mientras las calles fueron en el pasado un lugar de juego para infantes y adolescentes, perdieron su derecho de apropiarse de éstas y actualmente “son un espacio donde se enfrentan a riesgos que comprometen su integridad, su futuro y su vida; eso tiene que cambiar rápido”.