Ante el nuevo plazo para discutir la reforma que amplía hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, Amnistía Internacional (AI) México llamó al Senado a “abrir el debate e incluir voces de la sociedad civil, academia, víctimas y otras personas especialistas en materia de seguridad”.

Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) lamentó la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de no promover una acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión por las que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) toma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN).

“No desconocemos que México vive una situación preocupante de violencia e inseguridad; sin embargo, la militarización de la seguridad pública no es la respuesta adecuada para resolverla”, señaló en un comunicado.

En este sentido, dada la postura de la CNDH, se pronunció por que el Subcomité de Acreditaciones y al Buró de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos –que se basa en los Principios de París– inicie “una revisión extraordinaria” de la situación de dicho organismo nacional y emitir una resolución en la que le revoque la categoría A.

Llamó a la comunidad internacional “a implementar medidas extraordinarias para vigilar de cerca la situación de México”.