En el segundo día de inspecciones en el Campo Militar número 1, sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas en el periodo conocido como guerra sucia, así como integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990 identificaron probables sitios de detención clandestina.

Con base en información de planos arquitectónicos y testimonios de quienes estuvieron detenidos en esas instalaciones castrenses, la comitiva pudo identificar “lugares subterráneos” donde se cree que hubo personas privadas de la libertad, según fuentes consultadas.

Algunos sobrevivientes han expresado que al haber ingresado detenidos al Campo Militar número 1 con los ojos vendados, los datos con que cuentan son, sobre todo, de cómo eran los espacios dentro de los inmuebles y de la zona conocida como “el metro”, donde había celdas subterráneas, lo que ha servido para las diligencias en estos dos días de trabajo.

Esta segunda jornada en ese campo militar empezó alrededor de las 10 de la mañana y duró poco más de siete horas. Ahora se sumaron más sobrevivientes y familiares de víctimas, en total 61. Entre ellos estuvo Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos, detenida en la Ciudad de México el 5 de enero de 1978 y trasladada a la cárcel ilegal que el Ejército mantuvo dentro de esa instalación.

A pesar de la intensidad de los trabajos y los largos recorridos e inspecciones en algunos puntos del lugar, el ímpetu entre los asistentes a estas diligencias históricas no ha decaído. Este jueves concluirán las labores para buscar indicios que prueben los crímenes que ahí se cometieron.

La Comisión para el Acceso a la Verdad informó que la selección de los espacios que se inspeccionan se basó en documentación castrense, así como en testimonios de sobrevivientes y personas que han formado parte del servicio público.

Las acciones de reconocimiento tienen el objetivo de identificar lugares dentro del Campo Militar número 1 donde presuntamente se cometieron violaciones graves a derechos humanos, y documentarlos con metodología pericial, indicó.

Con las primeras acciones de reconocimiento, la comisión “concretó una de las demandas históricas de víctimas, familiares y colectivos”, subrayó la Secretaría de Gobernación.

A las inspecciones de estos dos días ha asistido personal de las comisiones nacionales de los Derechos Humanos y de Búsqueda, así como peritos criminalistas, arquitectos y especialistas de acompañamiento sicosocial.