Santiago Creel, presidente de la mesa directiva de San Lázaro, resaltó que no es una práctica democrática utilizar los instrumentos que el Estado tiene a su disposición para presionar a legisladores. Eso no se llama presión, sino chantaje y está tipificado como delito, puntualizó el panista.

Al referirse a las versiones de presuntas presiones del Gobierno contra senadores para votar a favor de la minuta que alarga a 2028 la intervención del Ejército en tareas de seguridad, el panista pidió que quienes han sido objeto de chantajes tenga el valor civil de expresarlo públicamente, acreditarlo y procedan, si fuera el caso, desde el punto de vista penal.

Todos los legisladores tienen derecho a votar como mejor les plazca. Se puede o no estar de acuerdo con ese voto, pero eso no implica que alguien, así sea el gobierno, o cualquier otra persona, amenace, chantajee o presione a ningún legislador.

Por su lado, Leonel Godoy, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, consideró que si hubiera presiones contra los senadores para votar en algún sentido, lo deberían denunciar. Pero estimó que son mentiras las versiones en ese sentido.

Por lo demás, calificó como correcto que en el Senado se haya regresado a comisiones la minuta sobre este tema.

“Me parece que estuvo bien como un recurso parlamentario y pues vamos a esperar para que ahora que se revise lo que se está planteando, regrese nuevamente al pleno del Senado, porque estoy seguro que se va a aprobar”, puntualizó.

Rechazó que la decisión sea una práctica dilatoria para que Morena y el PRI logren el número de votos necesarios para la aprobación de la minuta. Los senadores, dijo, tienen derecho a analizar las propuestas que se están haciendo y si hay modificaciones “nos la tienen que regresar”.