La defensa del ex procurador Jesús Murillo Karam presentó dos solicitudes de amparo, una contra el auto de vinculación a proceso y otra contra las medidas cautelares que le fueron impuestas, luego de que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó iniciarle proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia, en hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los recursos fueron presentados ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), y corresponde resolver a los juzgados segundo y décimo quinto de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México. En las solicitudes, los defensores de Murillo no demandaron ninguna suspensión provisional, por lo que los juzgadores deberán resolver el fondo de las demandas, es decir, establecer si fue vinculado a proceso de manera ilegal y si consideran que debe cambiarse la medida cautelar de prisión justificada.
Murillo Karam está preso en el Reclusorio Norte desde el pasado 20 de agosto, un día después de que fue detenido afuera de su domicilio por efectivos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal Ministerial, en cumplimiento de la orden de captura entregada por Fuerte Tapia.
De acuerdo con los datos vertidos en la audiencia inicial por los agentes del Ministerio Público Federal, el ex procurador realizó o autorizó acciones que afectaron las investigaciones para localizar a los 43 normalistas que fueron privados de la libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, y luego los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos.
Asimismo, presuntamente supo de actos de tortura cometidos contra supuestos implicados en el ataque a los estudiantes y no realizó las denuncias correspondientes, lo que habría incidido en su desaparición.
La defensa solicitó considerar el estado de salud de Murillo para que se le otorgue el beneficio de enfrentar su proceso penal en libertad, pero el juez rechazó sus argumentos y consideró válidos los de la Fiscalía General de la República, que señaló la posibilidad de evasión del ex funcionario.