Estos días hay algunas opiniones tan críticas como repentinas sobre la militarización, cocinadas en microondas, al calor del enfrentamiento partidario. Pero también hay otras, también críticas, que se han venido exponiendo y documentando desde hace años. Es muy importante diferenciarlas y atenderlas.

Desde 2009 empezamos a presentar en estas páginas los perniciosos efectos del Operativo Conjunto Chihuahua, por parte del Ejército dentro del marco de la calderonista “guerra contra las drogas”.

El 28 de marzo de 2008 el general Jorge Juárez Loera, jefe de dicho operativo, lo inició con su memorable frase: “Mi orden de cateo es el marro”. Se enviaron más de 2 mil soldados a Chihuahua y, al reforzarse el operativo, un año después, se agregaron 5 mil 332 elementos. El Ejército tomó el mando de la policía municipal y del Centro de Readaptación Social de Juárez (https://bit.ly/3f3kqbJ).

La presencia del Ejército en las calles tuvo estos resultados para esta frontera: antes de implementarse, en 2007, hubo 316 homicidios dolosos; en 2008 el número de homicidios se elevó a mil 607; en 2009 el total ascendió a 2 mil 643; en 2011, año en que Calderón inició el programa Todos somos Juárez, llegó a 3 mil 117 homicidios dolosos.

Antes del operativo todo el estado de Chihuahua presentaba una tasa de 14.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, dos años después de éste, la tasa ascendió a 148.91 por cada 100 mil habitantes. El total de delitos cometidos en el estado de Chihuahua en 2007 fue de 34 mil 800; para 2010, la cifra se elevó a 66 mil 125, 90 por ciento más. En Juárez los feminicidios, que en 2007 llegaban a 30, ascendieron a 96 en 2008 y a 163 en 2009. Ese año Ciudad Juárez encabezó la lista de las urbes más violentas del mundo, con 188.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El robo de vehículos se incrementó más de 300 por ciento en tres años. Todo esto lo denunciamos en estas prestigiadas páginas (https://bit.ly/3UqtZ4L, https://bit.ly/3SjCyw2 y https://bit.ly/3xARgHj).

Entonces, la primera conclusión de la presencia del Ejército en las calles chihuahuenses y fronterizas todos estos años es que, lejos de reducir la violencia y los índices delictivos, los disparó notoriamente. Lo señalamos con toda claridad cuando Calderón fue a Harvard a presumir su plan Todos somos Juárez (https://bit.ly/3Bton0P).

La presencia militar en Chihuahua esos años de la guerra calderoniana tuvo otros costos muy dolorosos: se incrementaron las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas armadas: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etcétera, documentó Human Rights Watch. Para septiembre de 2011 ya se habían presentado mil 92 denuncias, tan sólo en Ciudad Juárez, contra los elementos del Operativo Conjunto Chihuahua.

Hay un caso muy emblemático: el 29 de diciembre de 2009 fueron detenidos y desaparecidos por Ejército en el ejido Benito Juárez, Chihuahua, los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera. El caso se llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 28 de noviembre de 2018 declaró al Estado mexicano responsable de la triple desaparición en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua, de militarización y graves violaciones a los derechos humanos. Cita los datos de la CNDH que documentó 10 mil 930 quejas contra la Secretaría de la Defensa entre 2007 y 2017, asentó Aída Hernández Castillo (https://bit.ly/3qOnIlF).

La segunda conclusión de esta terrible experiencia es que, además de disparar la violencia y la criminalidad, la presencia del Ejército en seguridad pública acarrea graves violaciones a los derechos humanos. Ni qué decir de los atropellos de los militares en la Operación Cóndor y la guerra sucia de los 60 y 70.

Yéndonos al presente, también hemos expuesto en estas páginas el ambiente de violencia en amplias zonas de Chihuahua con todo y la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército: control territorial por el crimen organizado; más de mil 700 personas desplazadas, la mayoría de indígenas, de 2012 a 2017; asesinatos de dirigentes indígenas en Guadalupe y Calvo y Bocoyna y el de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, en junio pasado; miles de hectáreas de bosque taladas ilegalmente, extorsiones, cerco de comunidades, etcétera. Igual como sucede en la Sierra de Guerrero, o en las comunidades zapatistas en Chiapas o en la zona nahua de Michoacán.

Nuestra tercera conclusión es que la actual estrategia de la Guardia Nacional no ha sido eficaz para contener la violencia que afecta más severamente a las zonas indígenas del país.

Esas son las razones por las que no creemos en la militarización como salida a la inseguridad que vivimos; y nos preocupa que les den más poderes a las fuerzas armadas y se doble el presupuesto bajo su control. El Ejército ha cambiado de piel, lo revelan los uniformes garigoleados de los generales, pero no entendemos cuál es el cambio de fondo en sus actitudes para dar toda la confianza. No somos Alitos, tenemos memoria.