Toluca, Méx., La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a cargo de José Luis Cervantes Martínez, presentó ante el Congreso local una iniciativa para adicionar al Código Penal dos figuras delictivas a fin de combatir la extorsión contra comerciantes cometida por grupos delincuenciales, principalmente en la zona sur de la entidad.

La idea, indicó el fiscal, es que se adicionen al capítulo de delitos contra la economía dos conductas ilícitas: obligar a los comerciantes o propietarios de negocios a incrementar los precios de un producto de manera generalizada en una comunidad o a comprar insumos a un solo proveedor.

En meses recientes, en varios municipios, entre ellos Tejupilco, Amatepec y Valle de Bravo, se obligó a los comerciantes a abastecerse de pollo con un solo proveedor, y los negocios que no obedecieron estas “sugerencias” del grupo criminal fueron vandalizados o destruidos, o sus propietarios y trabajadores sufrieron agresiones directas.

“Lo importante es que la FGJEM va a poder actuar e intervenir esos negocios y detener a los sujetos sin necesidad de comprometer la integridad de aquellos que se ven subyugados a través de alguna amenaza o presión”, explicó Cervantes Martínez.

Hasta 15 años de cárcel

En la iniciativa se propone adicionar al Código Penal el artículo 199 bis, que estipularía: “Se impondrán de seis a 10 años de prisión y de mil a mil 500 unidades de medida a quien o quienes generen un alza de precios, competencia desleal o distorsión en el mercado en una localidad o región con la finalidad de inducir o provocar que una persona o unidad económica compre, obtenga o adquiera de otra persona, comercio o empresa los bienes o insumos para su giro comercial”.

La misma sanción se aplicará “a quien obligue a comprar, vender o distribuir bienes o insumos a personas o empresas específicas, a vender bienes o insumos a comerciantes del mismo giro comercial en una localidad o región a un precio por encima del mercado”.

Si estas conductas las cometen integrantes de grupos delictivos o aquellos que se hagan pasar por tales, la penalidad del delito aumentaría hasta 15 años de prisión, y si las perpetran dos o más personas, se impondrían cinco años adicionales de prisión. La propuesta ya fue turnada a comisiones legislativas para su análisis y eventual aprobación.