Chilpancingo, Gro., Octaviano Gervasio Serrano, del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados durante la guerra sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, denunció que varios colectivos no fueron invitados a la visita que realizaron ayer al Campo Militar número 1. “Algunas víctimas de la represión al parecer se molestaron por la protesta que hicimos (en junio pasado), recientemente”.

Señaló que a pesar de que a los colectivos se les invitó a las reuniones de la Comisión de la Verdad, “no lo hicieron para participar en la visita de inspección. Por ejemplo, no invitaron al compañero Gregorio Hernández Brito, ex guerrillero de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, preso dos veces en ese lugar”.

En mi caso, dijo en entrevista, “nos informaron que a mi papá, Octaviano Gervasio Benítez, desaparecido durante la guerra sucia, lo trasladaron también a esa institución militar, y a mí me interesa saber en qué lugar estuvo mi padre”.

Añadió que quizá no los invitaron al recorrido por las instalaciones castrenses “porque protestamos ante el desacuerdo de que se pretenda hacer un reconocimiento a los militares que asesinaron o desaparecieron a nuestros familiares, y creemos que es un acto de represalia”.

Es inadmisible, señaló, que no se haya convocado a la Fiscalía General de la República (FGR). “Todas las declaraciones de las víctimas de tortura no serán recabadas por el Ministerio Público, sino por un grupo de historiadores; es decir, sólo se pretende presentar una conclusión de tipo histórico, no jurídica”.

Lo peor de todo, sostuvo el activista, “es que no se va a castigar a ninguno de los militares (torturadores) que aún sobreviven. Por eso no se incluyó a la FGR para los trabajos de investigación, y con eso llevar a juicio a los probables responsables, es decir, militares y agentes del Estado; lamentablemente, eso no sucederá”.

Gervasio Serrano acusó que “continuará la impunidad y la simulación porque a la fecha no se ha conformado una fiscalía especial, como lo hemos demandado por años los familiares de los desaparecidos y asesinados en esa etapa que vivió Guerrero, entre 1969 y 1979”.

El Estado, insistió, “pretende engañarnos; pero no estamos de acuerdo con la simulación porque las declaraciones de los testigos sobrevivientes se deben hacer ante un Ministerio Público. Lo demás es una faramalla”, concluyó.