En Sinaloa se está cumpliendo una operación de Estado para doblegar a comunidades de pueblos originarios que legítimamente se han opuesto a la instalación de una planta de amoniaco en una zona de necesaria protección ecológica. El contaminante proyecto de negocio fue incubado por priístas e “independientes” y ahora ha sido impulsado en los tres niveles de gobierno por Morena.

El mismo “efecto corruptor” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aplicado en otros casos (Florence Cassez, notable ejemplo) procede en cuanto a la tramposa “aprobación” del siempre impugnado proyecto de instalación de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, que forma parte del sistema lagunar de Topolobampo, en el municipio de Ahome.

Ahí se localiza uno de los 142 humedales que México se ha comprometido a respetar y proteger, conforme a convenios internacionales de sitios Ramsar (sobre Ohuira: https://bit.ly/3Bpq7bq). El mandato de resguardo pleno fue asumido por México en 2009. “El sitio Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira es el noveno de los 28 humedales prioritarios, identificados por Ducks Unlimited de México (Dumac), que albergan a 84 por ciento de las aves acuáticas migratorias distribuidas en México durante el periodo invernal” (https://bit.ly/3qWHZ8A).

A pesar del evidente daño al medio ambiente que significaría una planta de amoniaco, políticos sinaloenses impulsaron el proyecto (el ex gobernador Francisco Labastida; el entonces gobernador Mario López Valdez –2011 a 2017–y su secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, entre otros). La empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), con capital extranjero y nacional, nunca pudo avanzar como ha sucedido con morenistas en los gobiernos federal, estatal y municipal.

El gobernador Rubén Rocha Moya ha sido parcial a la hora de diseñar y realizar una nueva consulta a los pueblos originarios ordenada por la Suprema Corte, luego de que en noviembre de 2021 se había realizado una consulta hechiza, sin una pizca de legalidad, a la que pretendieron dar por buena el propio Rocha Moya y el entonces subsecretario federal de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio. El presidente municipal de Ahome es el mismo Vargas Landeros que había impulsado originalmente el negocio (Astillero de noviembre de 2021: en Topolobampo, la planta de la muerte https://bit.ly/3BZerhb).

El gobernador Rocha Moya, mediante actos de poder y constantes declaraciones periodísticas, presionó a las comunidades para la “aprobación” de la citada planta. Este domingo se dio por concluido el proceso de “consulta”, en el que las comunidades directamente afectadas (Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, ganadoras de un amparo ante la Corte, a las que se sumó la de Juan José Ríos) rechazaron el proyecto, pero otros poblados lejanos fueron incluidos en la “consulta” y estos hicieron “mayoría”.

Ayer, el gobernador morenista consideró “extraordinario” el resultado “a favor” de la empresa, pues los pueblos directamente afectados “pudieron declararse en rebeldía y complicar el asunto y deslegitimar la consulta, pero decidieron participar; se comportaron como gente razonable, que decidieron que el desarrollo lo requiere la ciudadanía”. Agregó, mercantil: “ningún pueblo que manifestó el desacuerdo tendrá la espalda del gobierno. Ohuira tendrá su drenaje, Lázaro Cárdenas tendrá su revestimiento del camino y Vallejo su carretera”.

Los dirigentes de las comunidades objetoras, en particular tres mujeres, han recibido amenazas de levantones y muerte si continúan en resistencia. Los amagos provienen de presuntos grupos del crimen organizado. Este lunes, reveló Rocha Moya, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por lo que la obra podrá iniciarse en cuanto lo aprueben los inversionistas ( Ríodoce: https://bit.ly/3dtGID3). Falta que la Corte declare ejecutada la sentencia que obligó a hacer una consulta en forma, sin presiones gubernamentales ni efectos corruptores consecuentes. ¡Hasta mañana!

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