Washington. En un claro rechazo a los argumentos de Donald Trump, un tribunal federal de apelaciones permitió ayer que el Departamento de Justicia reanude el uso de documentos confidenciales incautados en la finca de Florida del ex presidente como parte de su investigación penal en curso.

El fallo del panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito 11 representa una contundente victoria para el Departamento de Justicia y allana el camino para que los investigadores sigan revisando los documentos mientras sopesan si presentan cargos penales por el almacenamiento de documentos confidenciales en Mar-a-Lago luego de que Trump dejó la Casa Blanca.

El tribunal también señaló que Trump no había presentado ninguna prueba de que hubiera desclasificado los documentos confidenciales, como ha dicho en repetidas ocasiones, y rechazó la posibilidad de que Trump pudiera tener un “interés individual o necesidad de” los aproximadamente 100 documentos marcados como clasificados.

El gobierno había argumentado que su investigación se fue obstaculizada por la orden de la jueza de distrito Aileen Cannon que prohibía temporalmente a los investigadores seguir utilizando los documentos en la pesquisa. Cannon, quien fue designada por Trump, había dicho que la orden se mantendría a la espera de una revisión separada por parte de un árbitro independiente que ella había nombrado a petición del equipo de Trump.

El panel del tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo con las preocupaciones del Departamento de Justicia.

“Es evidente que el público tiene un gran interés en asegurarse de que el almacenamiento de los documentos clasificados no ha provocado un ‘daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional’”, escribieron. “Determinar eso implica necesariamente revisar los documentos, determinar quién tuvo acceso a ellos y cuándo, y decidir qué fuentes o métodos (si los hay) están en riesgo”.

Una orden judicial que retrasara o impidiera a la investigación penal “utilizar materiales confidenciales corre el riesgo de imponer un daño real y significativo a Estados Unidos y al público”.

Dos de los tres jueces que emitieron el fallo —Britt Grant y Andrew Brasher— fueron nominados al Circuito 11 por Trump. El juez Robin Rosenbaum fue nominado por el ex presidente Barack Obama.

El mes pasado, el FBI incautó unos 11 mil documentos, entre ellos un centenar etiquetados como clasificados, durante un allanamiento autorizado por un tribunal en la propiedad de Palm Beach. Ha iniciado una investigación penal sobre si los documentos fueron mal manejados o puestos en riesgo. No está claro si Trump o alguien más será acusado.

El panel del tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo con las preocupaciones del Departamento de Justicia.

“Es evidente que el público tiene un gran interés en asegurarse de que el almacenamiento de los documentos clasificados no ha provocado un ‘daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional’”, escribieron. “Determinar eso implica necesariamente revisar los documentos, determinar quién tuvo acceso a ellos y cuándo, y decidir qué fuentes o métodos (si los hay) están en riesgo”.

Una orden judicial que retrasara o impidiera a la investigación penal “utilizar materiales confidenciales corre el riesgo de imponer un daño real y significativo a Estados Unidos y al público”.

Dos de los tres jueces que emitieron el fallo —Britt Grant y Andrew Brasher— fueron nominados al Circuito 11 por Trump. El juez Robin Rosenbaum fue nominado por el ex presidente Barack Obama.

El mes pasado, el FBI incautó unos 11 mil documentos, entre ellos un centenar etiquetados como clasificados, durante un allanamiento autorizado por un tribunal en la propiedad de Palm Beach. Ha iniciado una investigación penal sobre si los documentos fueron mal manejados o puestos en riesgo. No está claro si Trump o alguien más será acusado.