La economía mundial está en el umbral de una recesión con una espiral inflacionaria a cuestas, crisis energética y alimentaria, desaceleración del crecimiento, mayores déficits presupuestarios y altos niveles de deuda. Hacer frente a esta “tormenta perfecta” requiere un plan fiscal de emergencia, advierte la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés).

La comisión propone gravar las ganancias extraordinarias de negocios que se benefician de la crisis y la pandemia, incluidos los del sector energético y alimentos; reforzar el cobro de impuestos a aquellas firmas que, aprovechando la coyuntura, elevan los precios al consumidor muy por encima del avance en sus costos de producción; así como aumentar las contribuciones de “empresas oligopólicas” con base en el “exceso” de utilidades.

La comisión es encabezada por José Antonio Ocampo, actual ministro de Hacienda de Colombia y ex secretario general de la Cepal. Pertenecen a ella el premio Nobel Joseph E. Stiglitz y el economista francés Thomas Pikketty, así como los especialistas Edmund Fitzgerald, Léonce Ndikumana, Irene Ovonji-Odida y Jayati Ghosh, entre otros.

“La crisis del costo de vida actualmente afecta a cientos de millones de personas, y se espera que el aumento de los precios de los alimentos y la energía empuje a más de 70 millones de personas a la pobreza en 2022”, consigna la ICRICT, con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Al final, destaca, “los efectos vuelven a recaer desproporcionadamente sobre los hogares más vulnerables, exacerbando la pobreza y la desigualdad”.

En ese sentido, considera “necesaria una tasa impositiva más alta a las grandes corporaciones oligopólicas con tasas de rendimiento excesivas”. Para ello propone introducir impuestos progresivos sobre las ganancias, con mayores contribuciones para las empresas de mayor tamaño en sectores que se consideran monopolios, y menores cuotas para pequeños negocios en industrias altamente competitivas.

La ICRICT considera que una medida fiscal de este tipo no tendría que traducirse en un aumento de precios y menores salarios, porque los regímenes actuales de impuestos a sociedades permiten a las empresas deducir prácticamente todos los costos, incluidos trabajo y capital.

A la par, pide a los países no esperar a que el acuerdo fiscal global del Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos salga del pantano político, sino introducir medidas para gravar a las grandes corporaciones involucradas en actividades transfronterizas y altamente digitalizadas, para combatir el abuso continuo de paraísos fiscales.

“Un impuesto mínimo global tiene más sentido que nunca”, subraya, dado que la evasión fiscal de las multinacionales cuesta a los países entre 240 y 600 mil millones de dólares por año en ingresos perdidos.