Por la detención arbitraria de una mujer, quien, además, fue sometida a actos de tortura y violencia sexual por militares en 2009 en Coatzacoalcos, Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 67VG/2022 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González.

Según el expediente de queja, el 9 de septiembre de 2009, la víctima se encontraba en su hogar, en compañía de su esposo, cuando escuchó ruidos y salió de su habitación. En el inmueble había alrededor de 13 elementos castrenses quienes derribaron la puerta y le solicitaron identificarse. Acto seguido, le preguntaron por “el dinero, por la droga y su jefe” y posteriormente le ataron las manos, le colocaron una venda y la subieron a una camioneta de la Sedena.

La mujer fue trasladada a una Base Militar donde un médico la revisó y le tomó fotografías para después subirla a otra camioneta militar, siendo custodiada por dos soldados, quienes realizaron tocamientos en su cuerpo, la amenazaron con abusar sexualmente de ella, advirtiéndole que “debía cooperar” o matarían a sus hijos. Finalmente, ingresó a un Centro de Readaptación Social del Estado de México donde actualmente continúa privada de la libertad.

La CNDH expuso que aun cuando la Sedena le informó que la mujer había sido detenida en un patrullaje realizado en calles de Coatzacoalcos y que, tras ser asegurada, aceptó su participación en la comisión de diversos ilícitos y formar parte una organización criminal, personal de la Comisión Nacional entrevistó a una víctima indirecta que narró las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, así como a un testigo que señaló que ese día el personal militar se “equivocó” de casa e ingresó a la suya, causando múltiples destrozos, con lo cual se acredita que la víctima fue detenida de manera ilegal y arbitraria.

Al acreditar violaciones graves a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, por la detención arbitraria; a la integridad personal; al trato digno por actos de tortura y violencia sexual en agravio de la persona detenida; así como al interés superior de la niñez de sus dos hijos menores de edad, la CNDH solicitó al titular de la Sedena proceder a la reparación inmediata del daño causado a las víctimas directas e indirectas de este caso, y colaborar en el trámite y seguimiento de la carpeta de investigación iniciada por lo ocurrido.

Asimismo, le pidió emitir una circular para exhortar al personal castrense en Veracruz a cumplir con las directrices en materia de prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; además de la violencia y la tortura sexual.

Instó a la Fiscalía General de la República a realizar una investigación exhaustiva “que garantice verdad, justicia y reparación” para las víctimas sobrevivientes de violencia sexual por parte de instituciones de fuerzas armadas.