Lo más importante de los trabajos en curso de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990, por los hechos ocurridos durante la guerra contrainsurgente “son los testimonios de las víctimas y sobrevivientes de esos tiempos tan dramáticos”, sostiene Abel Barrera, uno de los comisionados, también directivo de la organización Tlachinollan.

“Ahí está la clave. El acceso de ellos al Campo Militar número Uno, que empieza este martes 20, es simbólico, pero también es importante porque ha sido una demanda histórica de ellos estar en ese lugar vedado.”

En la víspera de que un grupo de cerca de 50 sobrevivientes y familiares de desaparecidos cruce la puerta de esas instalaciones, ubicadas en Naucalpan, estado de México, en busca de indicios de los crímenes que allí se cometieron, varios comisionados y participantes informan sobre lo que esperan medio siglo después.

Por lo pronto, por consenso, durante meses de trabajo han definido siete lugares prioritarios –no los únicos– que van a inspeccionar: el Batallón de Fusileros Paracaidistas, la puerta 8, el Segundo Batallón de Infantería, las sedes de las brigadas uno y dos de la Policía Militar (que muchos identifican como un centro ilegal de detención, con sus celdas y sus salas de tortura). También hay quienes han mencionado las caballerizas o alguna estructura cercana.

Está, además, lo que fue la sede de la Brigada Especial Antiguerrilla (BEA), que fusionó comandos de varias corporaciones militares y policiacas y que adoptó el nombre de Brigada Blanca. La comandaron Miguel Nazar Haro y el entonces coronel Francisco Quiroz Hermosillo, ejecutor de “los vuelos de la muerte”. Aunque su objetivo fue aniquilar a las guerrillas, su acción exterminadora se prolongó mucho tiempo después de que fueron desarticulados los grupos insurgentes. Ambos ya fallecieron.

Además del apoyo técnico y sicosocial con el que contarán durante los recorridos, se acordó también la participación de colectivos y defensores de derechos humanos que han trabajado durante muchos años con ellos para que puedan sentirse en confianza. “Son ellos, los sobrevivientes y familias de las víctimas, los que lograron que se llegara a este momento”, expresa Barrera.

En las primeras inspecciones participarán 50 familiares de víctimas y sobrevivientes. Va, además, personal de las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Nacional de los Derechos Humanos y de la de Búsqueda de Personas, así como de la Secretaría de Gobernación. En total será una comitiva de 100.

“Llevamos dos semanas investigando. Hemos identificado lugares donde pudieron existir centros de detención ilegal, donde se torturó y ejecutaron a personas. Falta, porque no tenemos todavía testimonios completos que nos permitan identificar a nivel geográfico concreto”, dijo Carlos Pérez Ricart, integrante de la comisión.

Una vieja demanda

Pérez Ricart, maestro del Centro de Docencia e Investigaciones Económicas, detalló que las diligencias en el campo militar serán de 10 de la mañana a las 17 horas, hoy, mañana y el jueves. Antes se llevaron a cabo sesiones para explicar a los sobrevivientes y familiares “dónde vamos, qué esperamos y establecer un poco las reglas”.

Estas diligencias responden a la demanda que durante décadas han manifestado sobrevivientes y familiares de víctimas, “acceder e identificar el lugar donde estuvieron encerrados como una manera de intentar encontrar cuerpos de personas, de poder enfatizar responsabilidades sobre dónde exactamente y quiénes estaban al mando de ese edificio, de ese lugar, de esa zona, de ese batallón, lo que tiene implicaciones en el tema de justicia”.

Pérez Ricart aclaró que las diligencias que se efectuarán son complementarias a la revisión de archivos históricos que durante dos meses han hecho investigadores de la Comisión de la Verdad.

Respecto a la organización sobre las inspecciones, agregó que “ha sido un tema muy complejo de infraestructura y logística para nuestro recursos. El Ejército no quería que fueran 300 personas o más al campo”.

¿Qué esperar?

Entre quienes asisten está Priscila, hermana de Juan Chávez Hoyos, secuestrado el 8 de septiembre de 1978 por la Brigada Blanca y desaparecido. Refiere que acude por testimonios de personas que señalan que “un año después de que mi hermano fue secuestrado, lo vieron en el CM1 con vida y ya recuperado de las torturas. Era joven, 20 años”.

Expone que los testigos sabían que estaban en una base militar porque en su celda escuchaban el clarín, la marcha de los soldados y todo lo relacionado con la vida en un cuartel.

Priscila trata de ser optimista. “En 44 años nunca tuvimos una respuesta concreta en el caso de mi hermano, ¿qué podemos encontrar ahora? Aunque supuestamente el gobierno es diferente a los demás… no sé, a ver qué sucede”.

Por su parte, un hombre que pide no ser identificado (todavía siente temor), detenido por militares en Culiacán, Sinaloa, en 1977, menciona que asiste al CM1 para “reconocer el lugar donde nos trasladaron. Íbamos vendados, pero por datos y características que hemos estado recopilando tal vez podamos identificar en qué parte estábamos”.

Recuerda que primero estuvieron presos en un espacio “que estaba en la superficie y después en un sótano. Eran varias celdas, no sé cuántas. Había algunos que tenían tiempo ahí. Incluso había mujeres también”.

Ramón Galaviz Navarro, detenido el 26 de enero de 1978, en Costa Rica, Sinaloa, no asistirá al CM1, debido a que no alcanzó acuerdos con la Comisión de la Verdad para que su esposa y sus representantes legales pudieran acompañarlo, dice que espera que los sobrevivientes puedan dar con las celdas donde los tuvieron presos. “Esa será una prueba específica contra el Ejército, de que sí participó en ese periodo de exterminio contra las organizaciones revolucionarias”.

Asimismo, pide que “quede establecido jurídicamente que ahí fueron violados los derechos humanos de todas las personas desaparecidas y los sobrevivientes”.

Acceso ¿irrestricto?

Sobre la identificación de celdas cerca de caballerizas, así consta, por ejemplo, en el testimonio del poeta Horacio Espinosa Altamirano (fallecido en 2004), detenido y trasladado ahí en septiembre de 1974. En dos pequeños libros que escribió sobre su experiencia, Toda la furia y Campo Militar número Uno, relata que parado sobre la lámina de lo que hacía de cama podía asomarse a una ventana con barrotes. Afuera se veía una franja de pasto con excremento de caballos.

Asegura, incluso, haberse enterado de que había un horno crematorio. “El CM1 ha dejado de tener un carácter de prisión destinada a militares en exclusividad para trocarse en un sitio de aislamiento y secuestro de civiles”.

Después de estas visitas habrá que hacer una inspección especializada de los planos de la época y sus sucesivas remodelaciones, demoliciones y reconstrucciones para que se puedan ubicar los sitios de traslado, encierro y tortura.

Pero esto requerirá todavía un estira y afloja en las negociaciones con los integrantes de las fuerzas armadas encargados de trabajar con la comisión, que han dicho que ya no tienen los planos originales del CM1, inaugurado en 1964.

Algunos de los que participan en estas conversaciones aseguran que a pesar de la buena disposición del personal castrense por acatar las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Gobernación para ofrecer “acceso irrestricto” a toda la información, en ocasiones “topamos con resistencias y mucha burocracia”.