Humor involuntario el anuncio que durante septiembre reitera “el mejor acto de amor hacia tus seres queridos es hacer tu testamento”, en caso de que tengas bienes que heredar, le faltó añadir, pues entre los muchos huecos estadísticos está el número de mexicanos en condiciones de dejar, más que deudas, algún patrimonio.

En otro tiempo marzo era considerado el mes del Documento de voluntad anticipada, antes Testamento Vital, y los notarios hacían, según tarifas que varían de un estado a otro, algún descuento a quienes quisieran registrar dicho documento (rechazo a tratamientos médicos inútiles para preservar una baja calidad de vida), mismos que hoy no llegan a 20 mil en todo el país.

Nos referimos al vitalismo, entendido como el entusiasmo por la vida y el utópico respeto absoluto a todo ser viviente, y si bien al principio de la actual administración la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que la Ley de voluntad anticipada sería promovida en todo el territorio y entidades federativas que aún no contaran con ella, prácticamente se volvió, como en las administraciones anteriores, letra muerta. Prevalece la precaución a confrontar esquemas tradicionales sobre la muerte y a cuestionarlos eficazmente. La autoridad sigue siendo paternalista.

Mientras acá vacilamos sobre el derecho a una muerte digna como final de una vida que se pretendió digna, en otros países se han aprobado leyes o se legisla, sin tapujos, sobre el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido. Si bien en la piadosa Europa sólo lo han hecho Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España y Austria, en Colombia se publicó en 2021 una resolución que suprime el requisito de terminalidad para acceder a la eutanasia, y en Estados Unidos eutanasia y suicidio asistido son legales en Oregon, California, Colorado, Distrito de Columbia, Hawai, Montana, Nueva Jersey, Maine y Nuevo México.

El conservadurismo, abierto y velado, toma fuerza, pero eutanasia no es asesinato y menos si se observa su reglamentación sin caer en encarnizamientos burocráticos. Por el contrario, un abogado estadunidense afirmó: “El suicidio asistido es una política peligrosa que pone a las personas más vulnerables en riesgo de abuso, coacción y errores… Brinda a las aseguradoras incentivos perversos para ofrecer una muerte rápida, en lugar de una atención de calidad (sic) continua y costosa”. Entonces prohibir, no legislar.