Tortura, amenazas a sus abogados y la omisión de perspectiva de género fueron algunos de los factores que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a atraer el caso de Juana Hilda González Lomelí, una de las acusadas en el caso Wallace, según el engrose del asunto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat. La atracción de esta solicitud de amparo dio origen a la confrontación entre el ministro presidente Arturo Zaldívar y la activista Isabel Miranda, quienes se denunciaron mutuamente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

González Lomelí fue sentenciada en 2011 a 78 años de prisión por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército, luego de ser señalada como participante en el plagio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda.

La quejosa promovió un amparo contra esta sentencia, el cual le fue negado en primera instancia, por lo que pidió a la SCJN atraer su caso, lo cual aprobó la primera sala en mayo pasado.

El engrose de este fallo contiene todos los argumentos jurídicos en que se fundó la decisión de atraer el asunto.

“Desde que el Estado detuvo a la señora (González) se buscó obtener a como diera lugar una confesión, aunque ésta no cumpliera con los requisitos establecidos en la ley”, señala el documento.

Se explica que el video de esta declaración ilegal fue filtrado a los medios de comunicación para crear una impresión negativa en la opinión pública, similar al “efecto corruptor” que llevó a la liberación de Florence Cassez.

Las presiones no se dieron sólo contra la acusada, sino también en agravio de sus defensores públicos, quienes sufrieron criminalización y hostigamientos por parte de la FGR, añade el engrose.

“El interés social que reviste el presente amparo directo puede abordarse desde el rol que jugaron los medios de comunicación estigmatizando a la señora (González), pues a través de sus publicaciones se han dado a conocer datos directamente relacionados con su vida personal, ello en un marco de expresiones misóginas en las que fue sexualizada y que han tenido un efecto directo en la violación al principio de presunción de inocencia y al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación”, señala el documento al enfatizar la relevancia de que la SCJN revise este expediente.

La primera sala del máximo tribunal se encuentra ahora estudiando el asunto y antes de que termine este año dictará un fallo final.