Ciudad de México. Desde el Campo Militar número Uno, un espacio castrense que todavía hoy oculta un capítulo oscuro y doloroso de la historia mexicana, decenas de sobrevivientes y familiares de desaparecidos y asesinados podrán decir esta semana: “Vean: lo que denunciamos sí es verdad; no mentíamos”, dice Alicia de los Ríos Merino, hija de una de las más de 500 personas desaparecidas en esos hechos violentos.

“Simplemente, lograr la entrada como parte de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y la Justicia durante la mal llamada Guerra Sucia, es un reconocimiento de facto por parte de los militares. Pero esto no es un reconocimiento jurídico. El camino para lograr la judicialización de nuestros casos es muy largo. Falta mucho.”

La activista norteña, de 45 años, doctora en historia por la Universidad Autónoma de Chihuahua, asegura que el ingreso de estos grupos al campo militar, donde serán asistidos por personal profesional que los ayudará a contener crisis emocionales si llegaran a ocurrir, “es para nosotros un ejercicio de memoria, más que nada. Memoria para sobrevivir”.

Alicia y Alicia

Alicia de los Ríos, detenida en la Ciudad de México el 5 de enero de 1978 y trasladada a la cárcel ilegal que el Ejército mantuvo desde los años sesenta adentro del Campo Militar número Uno, podía ver desde los barrotes de su celda a varios de sus compañeros. Lo último que le escuchó decir a Cirilo Cota, en un calabozo vecino, fue: “Saltamontes (así le decían sus amigos), ya me van a bajar. Habla de mí cuando salgas. Cuenta de mí”.

Hablaban de “bajar” porque aquellas mazmorras de cuya existencia los sobrevivientes han dado fe, quedaban en una especie de semisótano y había una escalera que bajaba a otro lugar subterráneo, que es donde los militares llevaban a los detenidos para torturarlos. Las llamaban El Metro, por su disposición como vagones. Hay numerosos testimonios, descripciones e incluso planos hechizos elaborados por algunos presos.

Además de las versiones de Cota, Juan Ramón Hernández y Ramón Galaviz (que son protagonistas de un cortometraje recién terminado de la cineasta Shula Erenberg, Testigos de la impunidad) hay otros testimonios de presos que vieron viva a Alicia en febrero y marzo, entre ellos el de Mario Cartagena, El Guaymas, importante luchador social fallecido hace un año.

Y la revelación de Alfredo Medina Vizcaíno, quien había sido detenido con Reyes Aguirre en Ciudad Juárez y trasladado al CM1. Los tres se vieron, presos, en Pie de la Cuesta. Existe una declaración notariada de Alfredo en la que asegura haber visto en la base naval “a una muchacha de Chihuahua, Alicia”. Y que cuando los separaron ella le pidió: “Dile a la gente que me viste”. La joven, que 11 meses antes había parido a una pequeña a quien dejó al cuidado de sus padres en Chihuahua, tenía 25 años.

Y en efecto, Vizcaíno y Aguirre sobrevivieron. Los llevaron de regreso al CM1 y luego a Juárez, en alguna fecha de junio. Han narrado lo que les sucedió y a quiénes vieron.

Vuelos de la muerte

El de Alicia de los Ríos sería el primer nombre que se cita como probable víctima de los llamados “vuelos de la muerte”, bajo responsabilidad del ex presidente Luis Echeverría, el secretario de la Defensa Hermenegildo Cuenca Díaz y ejecutados por los entonces coroneles Francisco Quiroz Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, de la Brigada Especial para operaciones contrainsurgentes de la Policía Militar.

Según el informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero, que se emitió en 2014, hubo al menos 35 – “vuelos a Oaxaca”, los apodaban los involucrados–, en un crimen de lesa humanidad que se cometió en México, incluso antes de delitos de Estado similares perpetrados por las dictaduras de Argentina y Chile. Se realizaron en una avioneta Arava que tripulaba un capitán de apellido Manzano. De acuerdo con un reportaje de Gustavo Castillo publicado el 18 de noviembre de 2002, Quiroz o Acosta los ejecutaban de un tiro en la cabeza antes de meterlos a costales con piedras para lanzarlos al Pacífico desde el aire. Hay testimonios de pobladores de las costas que dan fe que desde 1973, el auge de la guerra contrainsurgente, llegaban a las playas restos humanos y ropa.

Esto duró hasta 1978. No hay cifras precisas, pero se estima que 200 personas pudieron haber sido víctimas de desaparición forzada de esa manera.

“Ejercicio de memoria para sobrevivir”

La historiadora De los Ríos, desde niña fue educada en la cultura de la lucha por la verdad y los derechos humanos de la mano de su abuela Alicia y su tía Marta, fundadoras del Comité Eureka. A partir de 2004 es parte demandante en la carpeta que abrió sobre su madre en la fiscalía especial que creó en vano el presidente Vicente Fox bajo el supuesto de esclarecer los crímenes de la guerra contrainsurgente, la Femospp. Esa investigación no dio resultados. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una indagatoria por ese caso.

Este miércoles, Alicia de los Ríos ingresará al Campo Militar número Uno por primera vez como parte del segundo grupo de víctimas, familiares y sobrevivientes, en una primera fase de la investigación federal que intentará llegar a fondo de la verdad de las atrocidades cometidas por las autoridades militares, federales y policiacas.

Lo hace armada con un sólido bagaje de información y formación que le permitirá, como explica, “ver y encontrar ciertas cosas”, aunque tiene claro que después de casi 60 años las edificaciones del CM1 han sufrido numerosas demoliciones y modificaciones. Se han borrado las huellas y las pruebas del horror que se vivió ahí.

Falta lo que falta

En una etapa posterior de la investigación habrá incursiones también a la base naval de Pie de la Cuesta, Acapulco, donde nunca hubo una edificación como tal, sino una sencilla estructura que llamaban “búngalo”, donde se ejecutaba a las víctimas. Los militares los llamaban “paquetes”.

Para Alicia de los Ríos hija, “buena parte de responsabilidad” de estos graves crímenes –que no prescriben por ser considerados de lesa humanidad– recaen en la Brigada Especial de la Policía Militar al mando de Quiroz, quien después sería ascendido a general y muriera en la cárcel, donde purgaba una pena por narcotráfico.

En esta etapa de la investigación, que inició cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las fuerzas armadas abrir “absolutamente todos” sus archivos e instalaciones a la comisión, no se podrá llegar a la verdad jurídica. “Quizás a la verdad histórica, pero falta todo lo demás”.

Como carencias y fallas de estas primeras incursiones de víctimas al CM1, Alicia cita la ausencia de peritos de la fiscalía. “Sí van a ir peritos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero esto para nosotros no significa nada. Después del posicionamiento de la CNDH a favor de la militarización de la Guardia Nacional nada podemos esperar de ellos”.

Por eso, De los Ríos considera que al final de esta primera etapa, en el informe que se redacte y emita por parte de la comisión, se insista en que la fiscalía dé fe jurídica de los hechos.

Reconoce que esto no quita valor a los recorridos. “Para quienes sobrevivieron y para los que nos arrebataron a nuestros familiares es la hora del honor, de la dignidad, de decir fuerte y claro a los militares de esa época, y que todavía se callan, que cuenten lo que saben, que testifiquen, que digan la verdad”.

Además de la falta de peritos de las fiscalías y de ministerios públicos que acompañen el ejercicio de esta semana, a los demandantes se les negó el derecho de ir acompañados por sus abogados. En el caso de la carpeta de Alicia de los Ríos, sus representantes legales son Alejandro Helguera y César Contreras del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

Así que, parafraseando a los zapatistas, la activista norteña concluye: “Falta lo que falta. Esto es apenas un pasito”.