Madrid. Miles de personas se manifestaron ayer en Barcelona para exigir al gobierno catalán, presidido por una coalición de partidos nacionalistas, que cambie su política lingüística y acate las sentencias judiciales que han dictaminado la impartición de al menos 25 por ciento de las clases en español en el sistema educativo catalán.

Se calcula que desde la educación prescolar hasta la universitaria hay una media de una de cada 10 clases en español, frente al resto en catalán. La derecha española apoyó la protesta, convocada por agrupaciones de padres de familia que reclaman para sus hijos una educación bilingüe.

Según la Guardia Urbana (policía de Barcelona) se manifestaron unas “2 mil 800 personas”, aunque los organizadores aseguran que fueron 120 mil.

En cualquier caso, buena parte del centro de la capital catalana se vio colapsada ante la multitud que acudió para exigir el respeto a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo español, que después de una larga batalla jurídica dictaminaron que para hacer valer el carácter bilingüe de la educación elemental en la región se debe impartir al menos 25 por ciento de las clases en español.

Los gobiernos nacionalistas y el Partido Socialista de Cataluña (PSC) pusieron en marcha en las últimas décadas un sistema educativo que definen de “inmersión lingüística”, en el que dan prioridad al catalán.

Este hecho ha llevado a numerosas familias a acudir a los tribunales, donde lograron tanto la sentencia a favor de los catalanes como la ratificación del alto tribunal español. Sin embargo, el gobierno catalán decidió aprobar un decreto ley, con el apoyo del PSC y de Unidas Podemos, en el que cambian de facto la normativa para no acatar las sentencias y continuar con el actual sistema educativo.

Desde el gobierno catalán y los partidos nacionalistas se acusa a la derecha española y a esas familias que emprendieron la batalla legal de intentar “politizar” el sistema educativo catalán, que a su entender es “un éxito” .

La protesta contó con el apoyo de la derecha española, incluidos dirigentes del Partido Popular, Ciudadanos, y representantes de Vox.