Tijuana, BC., Kevin Yael González era un adolescente de 14 años que vendía gelatinas en las calles de Tijuana. Hoy es uno de los 300 menores asesinados en esta ciudad fronteriza en los cinco años recientes, según cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Su vida se coló por ese agujero negro que es la canalización del río Tijuana, territorio de personas en condición de calle, adictos y vendedores de drogas.

La mañana del 2 de septiembre, Kevin caminaba sobre el Puente Negro, paso peatonal ubicado en las inmediaciones de la zona dorada. Hablaba por teléfono con un amigo.

“¿Por qué estas grabando?” La voz paró en seco la conversación del adolescente de ojos rasgados color café, un metro con 65 centímetros de estatura y cabello rizado color castaño oscuro. Eran las 11 de la mañana. La videollamada se cortó.

Los padres reportaron su desaparición, pero el personal de la fiscalía de Baja California tardó tres días en emitir la alerta Amber. Familiares y amigos de la colonia Postal empezaron a buscarlo un día después.

El martes de la siguiente semana, encontraron dos cuerpos en descomposición en la compuerta 16 de la canalización del río Tijuana.

Junto a uno de los cadáveres había dinero y unos audífonos. La versión de que podría ser Kevin el muchacho corrió entre los reporteros de la fuente policiaca. La autoridad guardaba hermetismo.

Kevin sólo era conocido como “el niño de las gelatinas” porque vendía esos productos caseros para ayudar a sus padres.

Había terminado el tercer grado en la secundaría técnica número 1. El día en que fue visto por última vez acompañó a su padre al trabajo y regresaba a casa, para lo cual atravesó el puente que conecta la zona Río con Mineral de Santa Fe, usado por decenas de niños y jóvenes que van al complejo educativo que rodea la preparatoria Lázaro Cárdenas.

La madre de Kevin pidió apoyo grupos ciudadanos que buscan a desaparecidos; fue cuando este caso llamó la atención de la opinión pública. El 7 de septiembre finalmente la fiscalía emitió una alerta Amber.

Dos días después, el titular de esa institución, Iván Carpio Sánchez, lanzó la hipótesis de que Kevin estaba haciendo una videollamada y se cruzó con un sujeto que pensó que lo estaba grabando y por ello lo habría asesinado.

Las declaraciones del funcionario provocaron la desesperación de la madre. Ella esperaba que Kevin estuviera vivo.

Además, el fiscal informó que se habían hecho pruebas de ADN a uno de los cuerpos encontrados y no era el del adolescente.

Todos Somos Érick Carrillo, una organización que busca al joven del mismo nombre y es encabezada por su padre, respondió al llamado de la madre de Kevin.

El lunes pasado se realizó una búsqueda masiva. Voluntarios recorrieron la canalización del río Tijuana, donde viven decenas de personas sin hogar adictas a las drogas. La opinión publica empezó a preguntar dónde estaba Kevin.

La noche de ese día se informó a la familia y al colectivo Todos Somos Érick Carrillo que el segundo cadáver era el de Kevin, y que murió a causa de varios golpes. Fue esta organización la que informó del caso. La fiscalía guardó silencio.

La desaparición y muerte del menor desataron nuevamente el debate sobre qué hacer con la canalización del Río Tijuana, territorio donde decenas de adictos y traficantes de drogas viven en hoyos y viviendas improvisadas.

Miguel Mora, presidente del organismo estatal de derechos humanos, reportó que tiene identificados elementos que contribuyen a la violencia contra menores en la región, incluida la dilación de la impartición de justicia, producto de que la fiscalía ha sido rebasada por la cantidad de expedientes de investigación.

Además, no hay una política de intervención para rescatar a niños, niñas y adolescentes en *peligro.

“¿Quién lo mató?”, preguntó la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, para en seguida señalar que la fiscalía debe esclarecerlo. “Le vamos a dar un aplauso cuando nos diga el nombre y apellido de quien le quitó la vida a este menor”.

Por lo pronto, el caso se pierde en el mismo hoyo negro de especulaciones que podrían apuntar a un consumidor de drogas o a un narcomenudista.