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Capital

2022-09-19 06:00

Víctimas de la corrupción inmobiliaria no denuncian por temor a perder bienes

Periódico La Jornada
lunes 19 de septiembre de 2022 , p. 36

El temor a denunciar, porque gran parte de su patrimonio está en riesgo de perderlo o de que sea demolido, significa un obstáculo para las víctimas de la corrupción inmobiliaria, afirmó Gustavo García, vocero de la Asociación de Residentes y Propietarios de la colonia Irrigación, en Miguel Hidalgo.

La administración capitalina abrió una alternativa distinta a la Fiscalía General de Justicia en el ámbito de una carpeta de investigación para tener un diagnóstico, lo cual es “muy apropiado para conocer los tentáculos de este problema”, indicó.

Dicha problemática no se circunscribe sólo a Benito Juárez, sino también está presente en Miguel Hidalgo, aunque en términos de reparación del daño se vuelve compleja, pues se requiere de una indagatoria para proceder a aquella.

La elaboración de este diagnóstico permitirá a la autoridad asesorar a las víctimas y revisar sus escrituras, después tendría que venir una etapa de acuerdo reparatorio y otra para fincar responsabilidades a constructoras y servidores públicos que generaron esta situación.

El tema es “qué hacer con los inmuebles ya edificados y si la ciudad debe cargar con los impactos de esta violación de uso de suelo, porque el peligro es que se convierta en un incentivo para que las constructoras continúen haciéndolo”, consideró.

De no fijarse una sanción ejemplar de prisión preventiva oficiosa, aseguramiento de folios o de cuentas bancarias, aseguró, el problema continuará porque “les significará un negocio seguir construyendo más pisos ilegales sabiendo que el gobierno los regularizará”.

Por lo que toca a la autoridad privilegiar el derecho de las víctimas a contar con una vivienda que adquirieron de buena fe, pero sin quitar el dedo del renglón de aplicar una “sanción ejemplar a quien cometió estos abusos, que terminaron en delitos”.

La custodia de folios reales es una alternativa para evitar que los desarrolladores que violaron la normatividad vendan sus inmuebles, aunque, reconoció, “algunos han procedido a rentarlos, muchas veces a un precio menor del mercado para no perder; y ese es otro tema donde debe intervenir la autoridad”.

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