Ciudad de México. A 37 años del primer sismo de gran magnitud que sacudió a la Ciudad de México, se tienen más de mil inmuebles considerados de alto riesgo, ocupados ante la falta de una vivienda digna, porque solo en seis casos ha procedido su expropiación.

Integrantes de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México 4T, Por el Bienestar Social “Grupo Cedros”, Frente Democrático Popular y Unión de Colonos Democracia y Justicia Social denunciaron que además están alrededor de mil familias que “siguen viviendo en campamentos”.

Dichas familias “viven en condiciones infrahumanas, con el riesgo de que el inmueble colapse y sin posibilidades de ser reubicados, debido a la falta de recursos, por parte del Instituto de Vivienda, que cuenta con un presupuesto de 3 mil 800 millones de pesos, insuficientes para atender la demanda de vivienda”.

En conferencia de prensa, las organizaciones que conforman el Movimiento Urbano Popular se la Ciudad de México demandaron un plan emergente de atención a vivienda de alto riesgo y el incremento al presupuesto anual para la construcción de vivienda nueva y atención y desahogo de la agenda de predios para expropiación.

De acuerdo con información del Inegi, un 56.8 por ciento de la población no cuenta con acceso a una vivienda, mientras que 37.8 por ciento acude a un préstamo informal o recursos propios, y sólo un 12.2 por ciento podría solicitar un crédito a una institución privada para una vivienda, las cuales oscilan en 56 metros cuadrados, aunque el Instituto de Vivienda solo financian inmuebles de 42 metros, obligando a los beneficiarios a pagar dicho excedente.

El próximo jueves se realizará una manifestación en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para exigir celeridad en la atención de inmuebles catalogados de alto riesgo, en los procesos de expropiación y en la atención de las familias que aún habitan en campamentos.

Así como simplificación administrativa para acceder a un crédito ante el Invi y se amplíen los metros cuadrados a los que pueden acceder las familias, para contar con una vivienda digna y no tengan que desembolsar más recursos, que no tienen, plantearon Judith Barrios, María Virginia Hernández y Juan Hernández.