Desde siempre, cualquiera que sea el recurso natural minero que se busque, se trata de una de las actividades extractivas más arriesgadas y lesivas para los trabajadores y para el equilibrio del medio ambiente.
Los conflictos constantes de esta área laboral son un asunto pendiente, cuya solución no puede posponerse más. Ya sea en el aspecto económico, en el administrativo o en el político.
Los avances para la democratización y la restructuración de este importantísimo rubro van a mediana velocidad. Los grupos dedicados a la minería han incrementado su fortuna a gran velocidad, mientras las ventajas para la clase trabajadora y la aplicación de las leyes que les protegen se han retrasado permanentemente o, simplemente, no se aplican.
Siendo uno de los pilares de la economía estratégica del país, deberían estar garantizadas en la práctica, y no sólo por escrito, todas las condiciones salariales; también las de salud, tanto física como mental y, sobre todo, deben estar vigentes los derechos a la seguridad para evitar accidentes, por mínimos que puedan ser.
Todos los trabajadores contratados legalmente deberán contar con la protección amplia de las condiciones generales de trabajo, por muy modesta que sea su participación, éstos deben estar protegidos. La integridad física y sicológica debe ser una tarea prioritaria para las empresas que los contratan.
Existe preocupación e inquietudes respecto de los resultados de las diferentes gestiones que se llevan a cabo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). La expectativa acerca de la agilidad con la que se llevarían los asuntos mineros con las nuevas directrices de esta institución federal fue grande desde 2018.
La espera de respuestas prontas y claras, a favor de los trabajadores del gremio se ha prolongado. La esperanza aumentó tras el regreso al país del economista Napoleón Gómez Urrutia, líder minero desde 2002, quien anteriormente fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Y aunque fue relecto por unanimidad en 2008 para un nuevo periodo, sus enemigos de clase hicieron todo lo posible por evitar su nombramiento como presidente del mismo sindicato, en 2012.
No omitimos la trayectoria del senador de la República en esta 65 Legislatura, como líder sindical, economista destacado (titulado en la UNAM con mención honorífica y egresado en 2011 de la Universidad de Oxford, Inglaterra), es acreedor al reconocido Premio Internacional en Derechos Humanos Meany-Kirkland, de la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales. En 2014, recibe la máxima distinción global en derechos laborales, el Premio de Noruega Arthur Svensson y el Premio Harold Edelstam, éste en Suecia.
Por otra parte, en 2014, le otorgan la Medalla de Oro IPPY (premio editorial por el mejor libro), de la Asociación de Editores Independientes de Nueva York por la publicación de su libro El colapso de la dignidad, elogiado por varios especialistas en derecho laboral.
Obligado al autoexilio en Canadá, por 12 años, debido a las amenazas por poner en evidencia las múltiples violaciones a prácticamente todos los artículos relacionados con la protección para los trabajadores mineros, específicamente por la tragedia que se vivió en la mina de carbón en Pasta de Conchos, Nueva Rosita, Coahuila, regresa a México con el respaldo de sindicatos internacionales, por sindicalistas mexicanos y por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En su cargo, como senador de la República, ha enfrentado nuevamente a la llamada mafia empresarial minera. Después dedécadas de denuncias, las empresas nacionales del sector continúan en la mira del legislador y de la JFCA.
Por otra parte, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha presionado a la junta para favorecer a la empresa Teksid Hierro de México, a través del apartado laboral del T-MEC, puesto que ha autorizado un recuento a la CTM y el resultado podría perjudicar al Sindicato Minero, así lo ha expresado el abogado Óscar Alzaga, asesor jurídico de la organización encabezada por el senador Gómez Urrutia.
“El Sindicato Minero tuvo que acudir en junio al mecanismo de respuesta rápida del T-MEC para hacer valer el recuento realizado en 2018 por el cual ganó la titularidad del contrato colectivo del trabajo (CCT), lo cual finalmente reconoció Teksid en julio pasado y reinstaló a 36 obreros que fueron despedidos de manera injustificada.”
Se deben intensificar las tareas para atacar la corrupción en la minería y terminar con las imprecisiones en la aplicación de las leyes del trabajo. Aunque modestamente, la fuerza sindical está tomando un nuevo impulso. Podríamos enumerar algunos, en la República Mexicana y en el mundo.
En este caso, tomamos como ejemplo la huelga recientemente conjurada de los trabajadores ferroviarios en Estados Unidos. Aunque las negociaciones fueron largas, se llegó a un acuerdo temporal con el presidente Joe Biden. La presión del sindicato fue amplia en todo el país y de continuar la amenaza de suspensión de labores, la economía estadunidense estaría en graves problemas.
