La violencia de género en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) es un fenómeno “sistemático y generalizado” frente al cual las autoridades sólo han respondido con estrategias “burocráticas” que parecen elaboradas para obstaculizar el acceso a la justicia y “cansar” a las denunciantes, señalaron alumnas de esa casa de estudios.

Una de las principales demandas del pliego petitorio de los estudiantes que en semanas pasadas han tomado escuelas es que se apliquen esquemas para prevenir y sancionar el acoso, las agresiones sexuales, así como otras formas de violencia.

Yazmín Jiménez, alumna de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Esime), unidad Zacatenco, explicó en entrevista con La Jornada que en el IPN es frecuente que muchos maestros pidan favores sexuales a las estudiantes para aprobar materias o para evitar que sean “ridiculizadas y minimizadas” en clase, poniendo en duda sus capacidades académicas.

En carreras como ingeniería, que siguen siendo mayoritariamente masculinas y en las que impera un clima de machismo, las mujeres han ido ganando espacios poco a poco, y aunque existen instancias encargadas de atender denuncias –como la Defensoría de los Derechos Politécnicos– en los hechos su funcionamiento es muy deficiente, acusó.

“En diciembre de 2019, el Politécnico lanza un protocolo de género, pero nos dimos cuenta de que era muy burocrático: te mandan a muchas comisiones antes y tienes que tener pruebas documentadas, de otro modo no proceden las denuncias. Hay procesos que tardan hasta cuatro meses en obtener respuesta y eso no es operante.

“También notamos que el instituto sólo cambia de escuela a los profesores acusados o los pone a dar otras materias. No hay actas administrativas ni tampoco sensibilización para que se den cuenta que están haciendo algo mal”, apuntó Jiménez.

Como ejemplo de la gravedad de lo que pasa, recordó los casos de “Jazmín”, de la vocacional 7 que habría sido drogada y agredida sexualmente dentro de ese plantel en marzo de este año, y el de Rosa María Nicolás, alumna de la Escuela Superior de Ingeniería Química, quien denunció haber sido violada por un entrenador deportivo, a quien la institución jubiló, pero sin sancionarlo ni entregarle a la víctima una copia de la carpeta de investigación.

Luego de subrayar que el ambiente de misoginia en el IPN genera muchos casos de deserción escolar de mujeres, puntualizó que una posible ruta de acción es permitir que las denunciantes y las colectivas que las acompañan puedan participar en las mesas de trabajo contra la violencia de género e incluso modificar el protocolo respectivo.

Además, “deben llevarse a cabo campañas para sensibilizar a maestros, alumnos y padres, y que entiendan la gravedad. Las mujeres del Esime existimos y resistimos”, manifestó.