Guadalajara, JaL., En el actual gobierno de Zapopan, que empezó en octubre de 2021 y lo encabeza Juan José Frangie, de Movimiento Ciudadano (MC), se triplicaron las órdenes de protección a mujeres que sufren violencia, en comparación con la administración anterior, a cargo del también emecista Pablo Lemus; sin embargo, la entrega de “pulsos de vida” (geolocalizadores de emergencia) disminuyó a una tercera parte, según un informe que presentó el comisario general de Seguridad Pública municipal, Jorge Alberto Arizpe García.

Luz Raquel Padilla, la mujer que fue quemada viva en un parque de Arcos de Zapopan en julio pasado, pidió uno de estos dispositivos electrónicos cuando se sintió amenazada por un vecino, pero le fue negado por criterios de la comisaría que a la fecha no han sido explicados.

Arizpe García rindió el informe ante el cabildo sobre la situación de la violencia contra la población femenina en el municipio mediante el oficio CG/17962/2022.

En el documento, del cual La Jornada tiene copia, se especifica que de octubre de 2021 a mayo de 2022 se dictaron 3 mil 599 órdenes de protección a mujeres (que implican vigilancia policial constante) y se activaron 56 “pulsos de vida”; mientras entre marzo de 2019 y septiembre de 2021 se dieron 3 mil 724 órdenes para apoyo a féminas, además de 591 aparatos para emergencias.

Es decir, en el anterior gobierno local cada mes se registraban 133 órdenes de protección a mujeres y en el actual ésta cifra se triplicó, con una media de 450; sin embargo, la entrega de localizadores de emergencia pasó de 21 mensuales a sólo siete en el mismo lapso.

En el escrito también se establece que entre el primero de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2021 fueron recibidas 8 mil 628 llamadas para solicitar ayuda (240 mensuales en promedio); de octubre de 2021 a mayo pasado hubo 2 mil 174 (una media de 271 cada mes).

Además de que aminoró la entrega de “pulsos de vida”, el reporte señala que en la pasada administración se ejercieron 591 alarmas (un promedio mensual de 16.4) y hubo 28 arrestados (0.77 mensual); frente a 56 activaciones de ese mecanismo en los primeros ocho meses del actual gobierno (7 por mes) y 3 individuos capturados (un promedio de 0.37 al mes).

La comisaría de Zapopan cuenta con la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (UAVI) encargada de entregar los localizadores de emergencia, los cuales han duplicado su costo en apenas un año según los números oficiales.

En 2018, cuando se adquirieron los primeros 150 dispositivos electrónicos, tuvieron un precio por unidad de mil 387 pesos, pero al año siguiente se compraron 304, cuyo valor unitario fue de 2 mil 605 pesos, cantidad que se mantuvo más o menos similar en 2021, al pagar 2 mil 597 pesos por cada uno; en total poco más de 389 mil pesos por 150.

Señalan poca funcionalidad del aparato de localización

También se disparó el costo de los “servicios de datos y geolocalización”, pues en 2019 se pagó por este concepto 361 mil 920 pesos y en el presente año subió a 988 mil 713, casi tres veces más caro. Aunque lo ocurrido a Luz Raquel flexibilizó los criterios para ahora sí otorgar “pulsos de vida” sin tantas restricciones como había ocurrido previo a su fallecimiento, aún se siguen presentando señalamientos de lo poco funcional que es el aparato y de la serie de requisitos que hay que cubrir para que le sea entregado a quien lo solicita.

Janet Tello, policía estatal jubilada, quien en agosto pasado recibió uno de estos instrumentos, se queja de que no ha habido una respuesta expedita cuando lo usa en el momento en que su presunto agresor la ha intimidado.

“Yo denuncié a un colombiano al que le rentaba un departamento porque quería meter niños a bañar y le dije que no, le pedí que se saliera mejor y fue ahí cuando me amenazó de muerte, me insultó diciéndome ‘pinche mexicana de mierda’, antes de salirse. Pero al día siguiente llamó al número de mi hijo y le dijo que me iba a matar, por eso decidí pedir el pulso”, contó en entrevista.

Explicó que se dirigió al Centro de Justicia para las Mujeres, dependiente de la Fiscalía del Estado, pero de ahí la mandaron a Zapopan –donde ella vive– para ser atendida por la UAVI; “ahí me lo dieron sin explicarme cómo lo tendría que recargar, qué tendría que hacer en una emergencia, cuándo debo apretar el botón de pánico, nada más me lo entregaron y ya”.

Afirmó que tanto ella como el colombiano fueron citados por la fiscalía para desahogar la denuncia, y cuando el hombre la vio afuera de la institución la volvió a intimidar.

“Me dijo: ‘aquí estás, maldita vieja’, lo que me hizo entrar en pánico. Pulsé el dispositivo y sólo me dijeron que me escondiera mientras llegaba el apoyo. Pero nunca pasó eso, me sentí desamparada, el sujeto me dijo: ‘ahorita vas a ver lo que te va a pasar’. Por fin alguien de la policía estatal, ante mis gritos, me dejó entrar a una oficina de la fiscalía”, narró.

Tello puntualizó que cuando por fin atendieron su llamada de auxilio policías de Guadalajara fueron los que acudieron, uno de los cuales le manifestó que el ex presidente municipal Pablo Lemus –actualmente alcalde de Guadalajara– sabía que los aparatos “no sirven y no le importa la vida de ustedes, dejó al mismo proveedor y aseguró que no lo iba a cambiar”.