Con la revisión de expedientes, condiciones personales, sociales y de salud, el gobierno federal gestionó libertades anticipadas de 2 mil 685 personas, informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. Por su parte, el análisis de casos del Poder Judicial arrojó que por diversos criterios jurídicos se liberó a otras mil 198, dijo el secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura, Carlos Alpízar.

Rodríguez destacó que la liberación representa “un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con violencia, gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o enfrentó adversidades”.

Entre las personas preliberadas hay 123 mujeres, 120 adultos mayores, 208 con enfermedades crónico-degenerativas, 51 indígenas, 15 extranjeros y 2 mil 32 personas que cumplieron con los requisitos de ley respectivos. A través de la amnistía se liberó a 136 personas, 66 de ellas en pobreza, 42 mujeres, 21 indígenas, dos con discapacidad permanente, cuatro víctimas de intimidación y una víctima de discriminación.

Alpízar precisó que en el Poder Judicial se decidieron las liberaciones tras identificar casos en que la pobreza era en realidad la causa o les impidió tener una adecuada defensa jurídica. Agregó que junto con el Poder Ejecutivo están pendientes 2 mil 212 expedientes más.