El desplazamiento forzado interno en México aumenta cada vez más. Las crecientes violencias, muchas veces ocasionadas por el crimen organizado, o bien por megaproyectos, generan que cientos de personas, incluso comunidades enteras, tengan que desplazarse forzadamente de sus lugares de origen. A todo esto podemos sumar multiplicidad de conflictos de tipo electoral, religioso o agrario, así como los efectos del cambio climático, los desastres y la discriminación hacia los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, que agudizan el desplazamiento. Todo lo anterior refleja un contexto que, inscrito en la grave crisis de derechos humanos, lastima a personas y comunidades que habitan en los territorios mexicanos.
Sobre este asunto relevante dio cuenta recientemente la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary. La relatora presentó sus observaciones preliminares en días pasados, luego de visitar varias entidades del país y reunirse con diversas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la academia y con personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado interno, anunciando también sus recomendaciones generales para el Estado mexicano en junio del año próximo, asunto que amerita prestarle especial atención. Su visita se vuelve oportuna para atender realmente por parte del Estado las necesidades de personas y comunidades afectadas por el desplazamiento.
Entre los grupos con los que se reunió estuvieron articulaciones como el Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes (Colectivo de Víctimas de Desplazamiento), conformado por 12 comunidades y agrupaciones de personas desplazadas con presencia en siete estados del país, y que es acompañado por 16 organizaciones sociales.
Para la dimensión del problema de desplazamiento, la puesta en común de estrategias de incidencia y exigencia de derechos, incentivando articulaciones de víctimas y acompañantes, se vuelve fundamental . Tal colectivo compartió la urgencia para que el Estado mexicano garantice los derechos de personas desplazadas y reconozca la situación de violencia generalizada que se vive en la República, para poder atender de manera oportuna la problemática (comunicado, disponible: https://n9.cl/748e4). Por ello y luego de diversos intercambios, para la especialista de la ONU es vital implementar un enfoque integral en la atención de esta problemática, lo cual debe incluir la debida garantía de los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales, bajo los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que rigen la realización de los derechos humanos de todas y todos. Posibilitando medidas de prevención, atención y protección, también bajo un enfoque diferenciado e interseccional.
Fue especialmente enfática en lo relacionado a garantizar seguridad y el acceso a la vivienda, al agua y al saneamiento, así como a la alimentación culturalmente apropiada, la educación y los servicios de salud, incluyendo la salud reproductiva y sexual, y a la atención sicológica; necesidades que personas y comunidades víctimas le compartieron de viva voz. Asimismo, sugirió al Senado aprobar sin dilación la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno; en palabras de la relatora, “contar con una legislación en la materia es un paso esencial para formalizar el reconocimiento de la problemática y cumplir con el rol primario del Estado en la atención integral del desplazamiento interno”.
Vale señalar también la urgencia para que el marco legal y las instituciones encargadas no sean omisas en reconocer a víctimas de desplazamiento forzado interno, ahorrándoles procesos revictimizantes derivados de artilugios legales que se convierten en obstáculos para obtener apoyo y atención efectivas. Es fundamental, como bien señaló Jiménez-Damary, asegurar e incentivar la participación activa de las personas y comunidades desplazadas en cada acción o decisión que el Estado lleve a cabo, y que comprometa los derechos y bienestar de estas personas y grupos afectados.
De lo contrario, se violenta el principio de derechos humanos de participación de las víctimas, reconocido también en el marco normativo e institucional en México. Asimismo, dijo que el Estado debe garantizar el retorno seguro, digno y voluntario como medida de solución duradera, en los casos donde sea posible. Con la visita oficial de esta relatora, la sociedad civil y todas las instituciones del Estado deben seguir trabajando arduamente para prevenir y detener el incremento de desplazamientos forzados, así como lograr la efectiva atención de quienes ya son afectados. Para avanzar en tan intrincada tarea, las recomendaciones de la relatora y su plena observancia serán fundamentales.
