Ciudad de México. La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, entre otros, lamentaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) teniendo la posibilidad de anular la prisión preventiva oficiosa, en la discusión, de la semana pasada, no arrojara ningún acuerdo, por lo que “miles de personas inocentes seguirán encarceladas”.

En un pronunciamiento, recordaron que tan sólo en 2021, en México se contabilizaron 94 mil 547 personas privadas de su libertad que no contaban con sentencia; “es decir, el 43 por ciento de la población penitenciaria estaba en prisión preventiva. De ellas, 12 mil 358 son por delitos del fuero federal y 82 mil 189 del fuero común, de acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Gobernación (SEGOB)”.

Además, refirieron que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, en donde el 43.9 por ciento de las personas encuestadas señalaron haber sido acusada falsamente o implicadas en la comisión de un delito, y el 42.1 por ciento refirió haber sido golpeada o maltratada para echarse la culpa o aceptar hechos falsos” .

Indicaron que a pesar de que se han realizado algunos esfuerzos encaminados a atender estas problemáticas, “no han sido efectivos”. En este sentido, expusieron que el pasado 9 de julio de 2021 presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un decreto para la liberación de personas privadas de la libertad que beneficiaría a quienes cumplieron los requisitos de no tener una sentencia definitiva por dilación en los procesos, haber sido víctimas de tortura, se encuentren en prisiones federales y que no hayan cometido delitos graves.

Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información sobre el trabajo del Comité encargado de ello, las preliberaciones realizadas, ni la efectividad de esta política.