A reserva de lo que suceda en el Senado, donde aún faltaría que una mayoría calificada aprobara la iniciativa proveniente de San Lázaro, ya han quedado sobre la mesa, bajo la lupa, en un proceso de exigencia de resultados, los temas de la seguridad pública, el combate efectivo a los grupos del crimen organizado y el uso eficaz, en esos rubros, de la Guardia Nacional.

Hasta ahora, dicha Guardia ha consumido recursos extraordinarios de las arcas nacionales y, aunque las estadísticas oficiales muestren discutibles avances o contenciones, lo cierto es que a lo largo y ancho del país continúa desbordada la acción criminal, segregado el control del Estado en ciertas regiones y expuesta constantemente la población civil a acciones delictivas previsiblemente impunes.

La Guardia Nacional se ha apegado a la política sintetizada en la frase “abrazos, no balazos”, lo cual ha ensoberbecido a cárteles y capos, convencidos de que su fuerza paramilitar no puede ser combatida eficazmente por las fuerzas federales.

La aprobación ayer en San Lázaro de una iniciativa priísta para permitir el carácter militar de la Guardia Nacional hasta 2028, y las anteriores modificaciones legales autorizadas en ambas cámaras (reformas que serán impugnadas ante la Corte, para que decida si violan el artículo 21 de la Constitución), buscan dar a las fuerzas armadas una seguridad jurídica que, sin embargo, aún en la precariedad legal del pasado, no pueden explicar o justificar que dicha Guardia Nacional no hubiera tenido la capacidad, que ahora prometen, de preservación de la paz en la República.

Por lo pronto, en el terreno político, la jornada legislativa de ayer restituyó discurso, presencia y peso políticos al Partido Revolucionario Institucional, que parecía desahuciado hasta antes de su iniciativa para reformar el transitorio constitucional y pasar la implantación de lo civil en esa Guardia de 2024 a 2028.

El PRI y Morena mantuvieron ayer una reconciliación pública, con intercambio de flores retóricas, que puede abrir la puerta a otras maniobras conjuntas, especialmente en lo relacionado con la reforma electoral y el instituto nacional correspondiente.

Obviamente, el nuevo romance político (el PRIMor) implica el alejamiento o ruptura de anteriores amores de alianza, de tal manera que el traicionado Partido Acción Nacional habrá de tomar decisiones. En lo inmediato, ha anunciado que la eventualidad de la ruptura será determinada luego que la fracción priísta en el Senado haya votado (para saber si con Osorio Chong pueden mantener aunque sea informalmente la alianza que Alito les niega).

En este proceso de reacomodos y redefiniciones partidistas y electorales han saltado hechos judiciales llamativos: la absolución, en primera instancia judicial, sujeta a recurrencias que ya se han anunciado, de José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala cuando sucedió la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Señalado en informes e investigaciones, la más reciente fue dada a conocer por Alejandro Encinas, Abarca es exonerado en este proceso (le quedan otros), aunque falta ver lo que se decida en la siguiente instancia.

Recuérdese que grupos caciquiles (relacionados con Rubén Figueroa) e intereses implicados con el narcotráfico armaron semanas atrás una movilización de más de mil personas en Iguala para exigir la libertad de Abarca. Iguala, por cierto, donde ayer un camión fue utilizado por jóvenes para abrir por la fuerza el portón de acceso al 27 Batallón de Infantería, luego que similar acción se había realizado en Chilpancingo un día antes.

Por otra parte, el ex senador panista Jorge Luis Lavalle fue puesto ayer en libertad, bajo control de un dispositivo electrónico, para así seguir con el proceso en su contra relacionado con Emilio Lozoya y actos diversos de corrupción política.

Y, mientras se da el Grito, y otros gritos políticos, ¡hasta el próximo lunes!

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