Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se sumaron ayer a la iniciativa del PRI que extiende la atribución del Ejecutivo para disponer de militares y marinos en tareas de seguridad pública, pero a recomendación del PT, el nuevo plazo se fijó en 2028, no en 2029, como preveía el dictamen, para que la discusión del eventual retorno a los cuarteles no se empalme con el proceso presidencial de 2030.

Tras un debate de ocho horas, la reforma al artículo quinto transitorio del decreto de 2019, que incluyó a la Guardia Nacional en la Constitución, se aprobó con 338 votos en favor, 152 en contra y una sola abstención, de la priísta mexiquense Ana Lilia Herrera.

En todos los tonos, el PAN criticó la reforma. Con distintos oradores, expuso que el cambio demuestra el fracaso de la estrategia de seguridad pública. Santiago Torreblanca de plano perdió la compostura y en una exclamación, que asombró incluso a su coordinador, Jorge Romero, gritó a Morena y sus aliados: “¡ustedes se limpian el culo con la Constitución!”

Ante las protestas, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel (PAN), pidió a su correligionario retirar el insulto y eliminarlo del Diario de los Debates, pero quedó registrado en la Crónica Parlamentaria.

Antes de la discusión y votación en San Lázaro, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, amarró el voto de la bancada guinda durante una reunión privada de una hora. Y, aun así, la diputada Inés Parra decidió votar en contra, por la “excesiva militarización que traspasaría este sexenio, a cambio de la impunidad de Alito”, el presidente priísta Alejandro Moreno Cárdenas.

La operación en Morena obligó a toda la bancada a votar en favor, salvo dos diputados enfermos, uno de covid y otro de dengue. En el tablero, además, aparecieron en contra dos sufragios de las filas del PRI: José Yunes Zorrilla y Sue Ellen Bernal. Desde las curules de Movimiento Ciudadano gritaron al veracruzano: “¡bravo, Yunes! ¡Yunes, Yunes..!” Aprobada la reforma, se envió al Senado, donde el PAN espera que no pase.

“¡Yola, chingoncísima!”

A diferencia de abril, cuando rechazó la reforma eléctrica, esta vez el cambio que da “sustento jurídico” al control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por el Ejército, mereció al tricolor el cobijo político de Morena, PT y PVEM. “¡El PRI está en lo correcto!”, dijo incluso el petista Reginaldo Sandoval.

Ante las críticas por la nueva correlación de fuerzas que provocó su iniciativa, de ampliar de 2024 a 2028 la presencia de militares y marinos en las calles, la diputada Yolanda de la Torre (PRI) señaló desde la tribuna: “no se trata de hacer el trabajo político a Morena, sino de garantizar la seguridad de las familias. Estados y municipios necesitan tiempo y recursos para fortalecer sus policías. O permitimos que las fuerzas armadas los acompañen unos años más, o estarán secuestrados por el crimen”. Cuando terminó, los priístas la aplaudieron. Moreno Cárdenas se acercó a ella y exclamó: “¡Chingona, mi Yola! ¡Chingoncísima!”

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), explicó el fondo de la reforma, relacionado con la seguridad pública: “el estado de cosas, en una situación tan difícil que venía caminando con un potencial expansivo, terrible, casi indetenible, continúa pese a los grandes esfuerzos institucionales y de gestión del Estado en toda su dimensión”.

En ese escenario, dijo, se requiere más tiempo para la consolidación de la Guardia Nacional y del “apoyo tan grande e importante” de la Marina y el Ejército. Más aún, evaluó que la defensa nacional ya no es ante una amenaza del exterior. “La amenaza a la seguridad nacional es adentro, del potencial y capacidad de fuego” del crimen organizado, admitió.

En la discusión en lo particular se desecharon todas las reservas, salvo dos del PT. Una, para que el informe sobre el avance de formación de cuerpos de seguridad civil sea presentado por el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ante el pleno de las dos cámaras del Congreso. Y la otra, que propuso Reginaldo Sandoval, para fijar en 2028 el límite de uso de las fuerzas armadas en seguridad pública. “Una de las funciones primordiales del Estado es cuidar la vida y los bienes de las personas, y de eso se trata la seguridad”, argumentó.