La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no promoverá acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el Senado, con las que la Sedena toma el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional (GN). Avaló las modificaciones legislativas ante la situación de violencia generada por la delincuencia organizada, y consideró que atienden “a los parámetros tanto nacionales como internacionales de los derechos humanos”.

En un pronunciamiento de 16 cuartillas destacó que en las reformas “no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia Nacional”, y consideró que dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena “puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado”, el pasado 8 de septiembre.

La transferencia del control de la GN es “extraordinaria, es decir, que está justificada y resulta excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso”.