El secretario de la Defensa Nacional no se regaló una dosis de prudencia en la víspera de que en el Congreso federal se diera un paso más hacia la polémica transferencia plena de la Guardia Nacional al mando castrense.

En lugar de expresar respeto a la pluralidad de opiniones y asumir sin controversia que éstas corresponden al legítimo ámbito de lo civil, sin consideraciones o “discernimiento” desde lo militar, el general Luis Cresencio Sandoval se permitió largar un admonitorio señalamiento hacia los críticos del proceso de militarización.

Desde una ceremonia cívica relevante, la correspondiente a los Niños Héroes, y en presencia del Presidente de la República, el general Sandoval planteó: “Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que, con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las fuerzas armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país” (https://bit.ly/3eLf6th).

Discernir, según el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción aplicable al caso, consiste en “distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo”. Como puede verse, el discernimiento es una acción subjetiva, en la que se ejerce un criterio, una percepción, para determinar la versión del opinante sobre determinado hecho, circunstancia o idea que puede referirse a lo filosófico, religioso, político o a cualquier tema propicio para la discusión, la opinión.

¿Corresponde al general secretario de la Defensa Nacional el deber de “discernir” respecto a “comentarios”, y calificarlos de “tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales”? No, de ninguna manera. Le corresponde, por el contrario, y no sólo a él ni sólo a las fuerzas armadas, estar en sintonía con la vida cívica nacional y abstenerse de lanzar advertencias contra los “comentarios” ciudadanos, lo cual incluye las críticas al propio Ejército, y en particular a la espiral militarista que se vive en el país.

En otra porción del foro político avanzaba ayer la propuesta priísta de alargamiento del control militar de la Guardia Nacional. Ya aprobada en comisiones, hoy se pretende ponerla a votación para que el próximo 16, en el contexto de los festejos por la Independencia nacional, desfile ya como dependencia plena de las fuerzas armadas dicha corporación (“de carácter civil”, según reza el artículo 21 de la Constitución vigente).

Habría, tal vez, algún pequeño contratiempo, pues los muy reivindicados priístas buscarán que a su propia propuesta original de aumentar cuatro años el plazo para que la Guardia Nacional retome su condición civil (¿de veras?) se le agregue un año más, para fijar 2029 como la fecha límite de ese militarismo en guardia.

La nueva sincronización del PRI con ciertos propósitos legislativos importantes para Morena ha generado un estrépito en la alianza electoral y legislativa denominada Va por México, que desde su inicio fue antitética y, por tanto, insostenible siquiera en el mediano plazo.

El PRI ha vuelto a ser el PRI y el PAN se queda solo (ni modo que a lo que queda del PRD se le considere un activo contable en política), en tal fragilidad operativa y orfandad programática que ni siquiera se atrevía ayer a romper la relación previsiblemente tóxica con un Alito maltratador y mentiroso.

Astillas

Carlos Joaquín González, gobernador saliente de Quintana Roo, se agrega a la funesta lista de cónsules y embajadores nombrados como pago por servicios electorales en sus estados de origen. Con estos nombramientos se inhibe, además, la investigación y el eventual castigo por pillerías y abusos que hubieran cometido tales mandatarios… ¡hasta mañana!

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