Hidden Gem, la embarcación más grande del mundo dedicada específicamente a la extracción minera en el fondo marino, prepara su primera operación desde el puerto de Manzanillo hacia la zona Clarion-Clipperton, entre Hawái y México, advirtieron Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Recordaron que la semana pasada, la compañía minera The Metals Company (TMC), subsidiaria de Nauru Oceans Resources Incorporated (NORI), obtuvo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) el permiso para realizar la explotación minera exploratoria, que consiste en un pilotaje de colecta de nódulos polimetálicos, es decir, rocas que contienen metales, en esa región del océano Pacífico.
Este es “otro paso de la estrategia de TMC para abrir camino a la minería en aguas profundas. La solicitud de NORI a la ISA de un contrato de explotación en julio de 2021 ha resultado en una carrera para finalizar y adoptar regulaciones mineras en julio de 2023, lo cual dejaría a los océanos del mundo expuestos a la destrucción causada por las actividades mineras a gran escala”, dijeron.
Ornela Garelli, campañista de océanos de Greenpeace México, advirtió que “ya estamos lidiando con múltiples crisis que están erosionando la salud del océano, incluyendo su capacidad para actuar como aliado crítico en la lucha contra el cambio climático”.
Ahora, “en lugar de proteger el océano como patrimonio común de la humanidad, lo están entregando a intereses corporativos como TMC, que a pesar de estar registrada en la Comisión de Valores y Bolsa, ha demostrado desprecio despiadado por el impacto irreversible que esta industria supone para los servicios que proporcionan los océanos”.
Las organizaciones indicaron que durante las negociaciones ante la ISA, la delegación de México se ha mostrado dispuesta a avanzar hacia la aprobación del Código Minero, aunque se ha mostrado cautelosa al reconocer la importancia de contar con información científica suficiente que respalde la compensación o indemnización que debe hacerse al medio ambiente marino en caso de que la actividad minera comience.
