El nuevo plan, después del yaqui, presentado los días 9 y 10 de este mes al Presidente de la República, consolida una propuesta que asume algunas de las demandas de los pueblos enunciados ubicados en los estados de Durango, Jalisco y Nayarit. Hay que reconocer que estamos ante un giro positivo del gobierno de la llamada 4T. La presentación se efectuó en ceremonias en las comunidades Santa María de Ocotán, municipio el Mezquital, Durango; Jesús María, municipio Del Nayar, en Nayarit, y Santa Catarina Cuexcomatitlan, en Mezquitic, Jalisco. Hubo amplia presencia de funcionarios y de los gobernadores de las entidades mencionadas.

Se dio cuenta por parte del titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) de que este plan se elaboró con la participación en varias reuniones durante cinco meses con gobernantes tradicionales, autoridades de las comunidades, de ejidos, de los pueblos originarios ubicados en estas entidades. Falta conocer la representación de las mismas respecto a su total. Sin embargo, lo que es importante destacar es que las demandas incluidas en el plan se refieren a temas estratégicos para la vida de los pueblos, comunes por lo demás a problemáticas que padecen en todos los pueblos a escala nacional. En las sesiones intervinieron autoridades de bienes comunales y tradicionales, quienes con claridad y amplia solvencia colocaron los ejes de lugares sagrados, cultura e identidad; tierra, territorio, recursos naturales y ambiente; gobierno tradicional, paz y seguridad, así como bienestar común. Esto último muy relacionado con la infraestructura y servicios ausentes en materia de salud, comunicación, cobertura de Internet; en Ocotán señalaron la construcción y administración de una gasolinería para dotar de combustible a las comunidades y, en especial, delinear los procesos necesarios para la conformación del municipio 40 en la entidad. El presidente del comisariado de San Andrés Cohamiata destacó la protección y devolución del territorio que se ha despojado; que se respeten y reconozcan a sus autoridades tradicionales; se actualice el padrón de comuneros y ejidatarios. También se anotó la educación con pertinencia cultural y todos destacaron además la problemática de inseguridad, lo cual, señaló uno de ellos, “no nos deja andar libremente por nuestra tierra propia”, por lo que solicitaron cuarteles de la Guardia Nacional en puntos específicos.

Entregaron al Presidente de la República el proyecto de decreto para reconocer los lugares sagrados del pueblo wixárica y proteger en particular cinco sitios sagrados: Tatéi Haramara, en San Blas Nayarit; Tee’kata, Santa Catarina Cuexcomatitlan, Jalisco, y Xapawiyemeta en lago de Chapala, Jalisco; Hauxamanaka, en Cerro Gordo, Durango, y Wirikuta, en San Luis Potosí.

El subprocurador agrario Alejandro Chenes anotó cinco temas recurrentes: 1) invasión y despojo por terceros ajenos, siete casos; 2) inexistencia o deficiencia de ejecución de resoluciones presidenciales; 3) conflicto de límites comunidades wixáricas con otros núcleos agrarios, 18 casos; 4) Procede y Procecom disminuyeron tierras de resoluciones presidenciales; 5) actualización de padrones para reconocimiento de comuneros. Chenes señaló avances en reuniones, mesas de diálogo, conciliación. Llamó la atención que se incluyó en su informe, y lo mencionó el titular del INPI, los avances del caso de San Sebastián Teponahuaxtlán motivo de una comisión presidencial integrada por la Procuraduría Agraria y la Comisión para el Diálogo con Pueblos Indígenas de México, formada el pasado 30 de mayo, caso que no forma parte del Plan de Justicia que comentamos.

El Presidente ofreció regresar a supervisar avances el 10 de febrero de 2023 y de manera poco usual abordó la situación de los pueblos indígenas: “Vamos a enfrentar el problema agrario, es el principal, la lucha de comunidades indígenas con propietarios privados, pequeños, medianos y grandes hasta un asunto cultural; hay diferencias que se tienen que resolver mediante diálogo; debe haber acuerdo independientemente de lo jurídico; en lo jurídico, llegar hasta la última instancia es un viacrucis, ya es el terreno de los leguleyos, que luego no son abogados, siempre hay un último recurso, la corrupción, si ya se tienen avances, buscar la conciliación; ustedes son los dueños originarios de las tierras, de todas formas tenemos que hablar con los actuales poseedores compensarlos, se llama indemnización y todo el recurso que se requiera está a su disposición, así lo estamos haciendo con los yaquis. No hace falta ir a ningún tribunal. ¿Quiénes eran los que habitaban estas tierras antes de que llegaran los europeos? Estas son zonas de refugio, ellos eran los dueños de los valles las costas, de todas las tierras de México”. En efecto es el tema principal y no sabemos si alcanzarán el diálogo y la voluntad política para resolverlo.

¿Por qué hasta ahora?, es la ­pregunta?