En diciembre de 2020, la Comisión sobre Política de Drogas del Congreso de Estados Unidos delimitó el camino antinarcóticos para Colombia, México y Centroamérica. En particular para el país sudamericano, este informe inauguró una estrategia que tituló “holística”, propuso implementar un plan “más integral” que impactara las causas y condiciones de existencia de este tráfico de drogas ilegalizadas y mitigara sus consecuencias adversas. Sus recomendaciones fueron muy cercanas a lo firmado en los acuerdos de paz y lo que Joe Biden denomina la Paz Colombia, basada en la idea de descriminalizar la estrategia antinarcóticos y vender la idea de “atacar los eslabones más fuertes del narcotráfico”. Con estas propuestas, “la lucha contra las drogas” se disfrazó con una máscara “holística”, paradójicamente la misma palabra que usaron para ufanarse de los logros de una de las estrategias contrainsurgentes con fachada antinarcótica más violentas en el país, el plan de consolidación de La Macarena, en el sur de Colombia.

Posteriormente, las comunicaciones de la Casa Blanca proclamaron los tres pilares de la estrategia antinarcóticos entre Colombia y Estados Unidos: la reducción de la oferta de drogas, seguridad y desarrollo rural integral –alineado con el informe de su Congreso–, y agregó una nueva, la protección ambiental, específicamente en la Amazonia colombiana. El gobierno de Iván Duque (2018-22) aplicó esta línea de intervención con la militarización de puntos estratégicos en esta región colombiana, principalmente alrededor de los parques nacionales Tinigua, Chiribiquete y Sierra de La Macarena, a través de la Operación Artemisa, serie de operativos militares que vienen ocurriendo desde 2019, que atentaron contra la vida y propiedad de campesinos asentados hace décadas en esta región o nuevos colonos. Estas operaciones dinamitaron casas campesinas y les quemaron sus animales. El control militar de áreas estratégicas de la Amazonia colombiana y las rimbombantes promesas del gobierno de Juan Manuel Santos e Iván Duque para la agenda de cambio climático contrastaron con los bajos presupuestos dedicados al sector ambiental en el país y la significativa dependencia presupuestal de éste a la cooperación, principalmente de Estados Unidos y Alemania, como lo han mostrado recientes informes.

Desde días antes de que el gobierno Petro-Márquez se posesionara en Colombia, representantes del gobierno de Estados Unidos han mantenido una intensa agenda con funcionarios hasta en reuniones regionales y que tiene como objetivo implementar esa “política holística antinarcóticos”. Primero fueron visitados por una comisión de la Casa Blanca liderada por el secretario adjunto de seguridad de Estados Unidos, Jonathan Finer, y tras la posesión llegaron Rahul Gupta, director de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, y una delegación en la que participó el encargado de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, institución que también participó en reuniones regionales acerca de desarrollo rural. Una semana después hubo un encuentro de una comitiva de la CIA y la DEA, y en esta última semana ocurrió el encuentro de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, con el ministro de Defensa y el presidente Petro, en la cual se discutió la conformación de una fuerza antincendios que conjugara esfuerzos del país del norte y Colombia en la Amazonia colombiana.

La “lucha contra las drogas y contra la deforestación” son dos ejes de intervención geopolítica y contrainsurgente que expresan un provisional alineamiento de los intereses de Estados Unidos y Colombia articulando acuerdos de paz, Paz Colombia y estrategia antinarcóticos. Esto se nota en la terquedad por usar los ineficaces programas de “sustitución de coca” y en concebir la protección de la Amazonia como tema de seguridad nacional. En otra dirección, para lograr la paz en Colombia, la Comisión de la Verdad recomienda transitar a la regulación legal estricta de los mercados de drogas, transparentar el papel de las agencias internacionales en el país y desmilitarizar las relaciones Estado-comunidades, un paso adelante a los acuerdos de La Habana y claves en el debate global.

En discursos públicos, Gustavo Petro ha dicho que va a cumplir a rajatabla estas recomendaciones aunque no ha sido claro cómo. Todas las cartas están sobre la mesa en este primer mes de posesión Petro-Márquez que empieza a pilotear en la turbulencia, en un trayecto que dura apenas cuatro años pero en el que un día es un mes y un mes un año. La movilización del campo popular aún espera.

*Economista y socióloga, Premio Unesco Juan Bosch (2018). Ex coordinadora del equipo de narcotráfico y política de drogas en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (Colombia). Autora del libro Levantados de la selva.