San Cristóbal De Las Casas, Chis., Organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) solicitaron a Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de la Organización de Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos, que “recomiende y exija” al Estado mexicano que “se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al territorio y la autonomía”.

Asimismo, demandan un mecanismo que garantice el respeto a los principios sobre desplazamientos forzados, que incluya medidas de sanción en caso de incumplimiento; la aplicación de la Ley de Desplazamiento Forzado para Chiapas, así como consolidar el programa estatal con perspectiva de género y en favor de la niñez para atender y prevenir esa situación en la entidad.

Pidieron que se impulse el funcionamiento y fortalecimiento de las procuradurías de protección estatal y municipal con perspectiva interseccional y de género, al igual que la capacitación de su personal y sensibilización en el tema, y que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para Chiapas genere un registro con enfoque diferenciado, que investigue y desarme a los grupos armados, se consigne a los responsables de los heridos, asesinatos y desplazamientos forzados.

En el informe entregado durante la visita que la semana pasada realizó la funcionaria a la entidad, las organizaciones, entre ellas Cáritas, Melel Xojobal y el Servicio Internacional por la Paz, también le sugirieron que “recomiende y exija” que se garantice la integridad física y la protección de las personas defensoras que acompañan a víctimas y que haya rendición de cuentas de las fiscalías.

Aseguraron que “el fenómeno puede tener como raíz añejos conflictos agrarios que se iniciaron en la década de 1970 entre diferentes municipios y/o bienes comunales de la región de los Altos, donde operan grupos armados con características similares”.

Señalaron que de 2010 a la fecha se ha documentado el desplazamiento de 14 mil 476 personas de diferentes municipios; asimismo, recientemente “la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y con ello el tráfico de armas, robo de autos, trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades, lo que ha provocado que cientos de personas huyan de sus hogares”.

La relatora Cecilia Jiménez-Damary reiteró su petición al gobierno de crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno a fin de garantizar presupuesto suficiente para una atención integral, así como generar conciencia sobre este problema.

Tras concluir su visita al país, subrayó que dicho registro también debe incluir a quienes no han sido reconocidas legalmente, ya que “son desplazadas de facto”.

En un comunicado aclaró que el censo “no debe otorgar un estatus legal, sino facilitar la protección y la asistencia humanitaria de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas”.