Tijuana, BC. Kevin Yael González era un niño de 14 años que vendía gelatinas en las calles de Tijuana. La mañana del pasado 2 de septiembre caminaba sobre el Puente Negro, un paso peatonal que atraviesa la canalización del Río Tijuana, ya en la llamada zona dorada de la ciudad. Caminaba y hablaba por teléfono con un amigo, como muchos jóvenes.

“¿Por qué estás grabando?”. La voz paró en seco la conversación de Kevin con su amigo. Eran las 11 de la mañana cuando la videollamada fue interrumpida. Desde entonces no se supo nada de él; por ello los padres del menor reportaron la desaparición del muchacho de ojos rasgados, color café, y un metro 65 centímetros de estatura.

La Fiscalía del estado tardó tres días en lanzar la alerta Amber. No obstante, familiares y compañeros de la escuela se abocaron buscarle desde el día siguiente de su desaparición.

Dos días después de que se hizo la alerta oficial, el 7 de septiembre, el fiscal del estado, Iván Carpio Sánchez, lanzó una hipótesis: que la desaparición “se debió a una situación enteramente accidental, en donde una persona, ya que se encontraba haciendo una videollamada (Kevin), pudo pensar que lo estaba grabando, y ésta persona estaría cometiendo quizá otro homicidio, creo que es por ahí”.

La declaración del Fiscal insinuando que el niño estaba muerto porque alguien pensó que había grabado un homicidio, sin tener un cuerpo, provocó la desesperación de la madre, quien convocó a los colectivos de búsqueda de desaparecidos de la ciudad para que la ayudaran a encontrarlo, confiando en que estuviera con vida.

Ante esa dilación, Yomaira, madre del menor denunció: “Estuvo muy mal porque fueron dos días perdidos (de la Fiscalía), para nosotros no, porque nosotros sí salimos a buscarlo, aunque ellos no hicieron nada, nosotros salimos a la canalización a buscar y pegar volantes de mi hijo”.

En tanto, una organización denominada Todos Somos Erick Carrillo —que lleva el nombre de otro joven desaparecido varios años en esta ciudad fronteriza, liderada por el padre de éste—, respondió al llamado, de tal manera que el lunes pasado, organizó una búsqueda masiva para hallar a Kevin Yael.

Decenas de personas, encabezados por los padres del menor Yomaira García y Erick González, recorrieron la canalización del Río Tijuana.

Durante la primera jornada de búsqueda, el martes de la semana pasada, familiares y amigos de la escuela encontraron dos cuerpos en la compuerta 16 de la canalización del Río Tijuana, los cuales estaban en estado de descomposición —Tijuana sufre una temporada de calor superior a los 30 grados centígrados—.

Los estudios determinaron que el ADN de uno de ellos no correspondía con la información de Kevin; sin embargo, junto al otro cadáver encontraron dinero y unos audífonos. La posibilidad de que podía ser el “El niño de las gelatinas”, como se le conocía a Kevin, quien vendía esos productos caseros para ayudar a sus padres, corrió rápidamente, pero la autoridad no informó nada sobre la identidad del otro cuerpo.

El día que desapareció el jovencito, que había estudiado en la secundaria técnica 1, acompañó a su padre a su trabajo y regresaba a su casa, atravesando el puente que conecta la zona Río (o dorada de Tijuana) con Mineral de Santa Fe.

Su caso llamó la atención de la opinión pública, porque la madre recurrió a los grupos ciudadanos que buscan a familiares desaparecidos para encontrarlo, y de acuerdo con los familiares, las autoridades pretendían darlo por muerto y cerrar el caso mientras esperaban los ocho meses o el año que les lleva tener los resultados de ADN de un cuerpo.

La noche del lunes la Fiscalía informó a la familia y al colectivo Todos somos Erick Carrillo —que les acompaña en su búsqueda—, que efectivamente, el segundo cuerpo hallado correspondía a Kevin, y que su muerte se debió a causa de golpes; pero fue el colectivo el que informó del caso. La Fiscalía guardó silencio.

Tijuana

La de Kevin Yael González García es sólo una historia de las que de manera recurrente se viven en una ciudad en donde todos los días hay denuncias y alertas por desapariciones o asesinatos de menores.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California contabilizó más de 300 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes de 2017 al 21 de julio pasado.

Miguel Mora, titular del organismo estatal de derechos humanos, señaló que tiene identificados tres elementos que contribuyen al contexto de violencia contra menores en la región: la dilación de la impartición de justicia, producto de que la Fiscalía se encuentra rebasada por la cantidad de expedientes de investigación; así como la inexistencia de una política pública de intervención para rescatar a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en un contexto de peligro para su integridad.