Morelia, Mich., La guardia comunal de Santa María Ostula, municipio de Aquila, aseguró que las declaraciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien el pasado 6 de septiembre dijo que su administración pretende “dejar Michoacán libre de barricadas (bloqueos con los que se controla la entrada a comunidades), que, aparte de ser ilegales, obstruyen el libre paso de los ciudadanos”, representan una amenaza para el mencionado pueblo nahua.

En el discurso que la guardia comunal de Ostula reprueba, el mandatario morenista señaló que “en las barricadas se resguardan presuntos autodefensas o civiles que están al margen de la ley”. En respuesta, la guardia comunal afirmó en un comunicado que los dichos del mandatario vulneran la autonomía y la libre determinación de Ostula como pueblo indígena.

“Vemos los desplazamientos forzados que ha provocado el crimen organizado, los asesinatos dolosos registrados todos los días, el gran número de desapariciones forzadas, el cobro de piso y una infinidad de delitos de primer impacto que azotan a diferentes regiones, excepto la Sierra-Costa, que está resguardada por la guardia comunal de Ostula, y autodefensas de los municipios Chinicuila, Coahuayana y Aquila”, agregó la agrupación en su boletín.

De igual manera, dijo que representan una opción de seguridad, “pues ninguna autoridad gubernamental ha podido garantizar esa estabilidad con la que hoy cuenta el municipio de Aquila. En consecuencia, reconocemos el esfuerzo del Sistema de Seguridad Municipal y Comunitario, que está basado en el modelo de policías comunitarias y los grupos de autodefensa”.

Sostuvo que se encuentra facultada para operar “por la máxima autoridad agraria y tradicional: la asamblea general de comuneros”, y que ha logrado “garantizar la seguridad comunitaria sustentada en una organización autónoma.

“Lo anterior hace que la organización de Ostula sea objeto de protección especial en los términos constitucionales y convencionales vigentes en materia de derechos humanos, y cuyo cumplimiento corresponde al Estado mexicano, en su responsabilidad de velar por los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.”

Expuso que “al observar la historia de Ostula, advertimos la violencia generada por el crimen organizado, el despojo y la militarización, que han provocado graves atentados en contra de quienes, día a día, protegen y defienden la tierra y la autonomía comunal. Fuimos víctimas de la violencia entre 2009 y 2014. Hidelberto Reyes, niño asesinado por el Ejército Mexicano, figura en la lista de los 38 comuneros ultimados y seis más fueron desaparecidos durante esos años”.

Por lo anterior, exigió “que los gobiernos federal y del estado se abstengan de violentar los derechos a la libre determinación mediante acciones que tengan como fin desarmar, difamar, estigmatizar, desmantelar o criminalizar a la guardia comunal de Santa María Ostula”.

Pidió también “que mediante un diálogo respetuoso se den las garantías legales necesarias para el pleno funcionamiento y respeto a los trabajos que la guardia comunal brinda en materia de seguridad pública”, proceso que deberá “efectuarse de manera formal, pública y con la participación de los tres niveles de gobierno”.