El presupuesto de 2023 arrastra las desigualdades en salarios y derechos laborales a los que tienen acceso los servidores públicos. Mientras un médico residente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) percibirá a lo largo del año 147 mil 891 pesos, y de ellos sólo 29 mil 891 pesos corresponden a sueldos, cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al igual que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tendrán remuneraciones 123 veces más altas que los futuros especialistas, da cuenta el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo con los anexos del documento, para 2023 se prevé que el gasto en salarios y remuneraciones sea de 42 mil 451 millones de pesos. Este monto implica un incremento real de 20.8 por ciento respecto a 2019 –primer año en que la actual administración participó en el diseño del paquete económico y en el que ya estaban vigentes algunas de las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos–; sin embargo, recubre la caída en el costo per cápita de funcionarios en algunas dependencias y recortes dispares en la administración pública.

En 2019 se redujeron algunos de los beneficios extraordinarios en dependencias de gobierno, como seguros médicos privados adicionales al costo que tiene el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También en ese año se registró la reducción de funcionarios públicos en organismos centrales –como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ahora lidia con cuellos de botella para atender la demanda de servicios–, pero mantuvo intactas algunas de las remuneraciones de altos funcionarios.

El máximo ejemplo son las cúpulas del Poder Judicial, donde cada uno de los ministros de la SCJN y magistrados del TEPJF tendrán remuneraciones por 5 millones 529 mil 451 de pesos al año, de las cuáles 3 millones 568 mil 845 pesos corresponden al salario. Otros funcionarios no tendrán salarios de tal dimensión, pero recibirán prestaciones que otros no, como diputados y senadores. Alimentar a los legisladores costará 909 millones 936 mil pesos en 2023.

Más allá de que las reglamentaciones pongan como centro, parámetro y ley al Presidente para determinar el pago que deban tener los funcionarios públicos; y, por otro lado, las cúpulas de organismos autónomos mantengan sus ingresos por medio de amparos con los que fijan sus salarios con base en el último de Enrique Peña Nieto –como pasa en INE–, en la burocracia mexicana se extienden los contrastes que permean al resto del mercado laboral mexicano.

Las remuneraciones de ministros no sólo son 3 mil 659.5 por ciento más altas de quienes se preparan en alguna especialidad en el IMSS, en un contexto deficitario en especialistas, sino que ejemplifican las desigualdades que se extienden a otros sectores laborales, al ser 22 mil 288.3 por ciento más altas que las de un asistente de servicios de apoyo técnico especializado en el Senado. Además, evidencian los recortes a remuneraciones de mandos medios para preservar las de funcionarios de mayor nivel.