La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará los efectos del programa Quédate en México, en un proyecto de sentencia que ordena a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y al Instituto Nacional de las Mujeres tomar medidas para cuidar especialmente de niños, mujeres y personas con alguna discapacidad afectados por esta medida del gobierno estadunidense.
Se trata de un amparo promovido por la asociación civil Instituto para las Mujeres en la Migración, que impugna el comunicado conjunto difundido por México y Estados Unidos del 12 de marzo de 2019, titulado “El gobierno de México reitera su postura ante medidas unilaterales de Estados Unidos en materia migratoria”.
Apenas en junio pasado el Tribunal Supremo estadunidense ordenó detener el programa Quédate en México, cuyo nombre legal es Protocolos de Protección al Migrante, que permitía enviar a nuestro país a las personas que buscaban entrar a esa nación sin visa, en lo que esperaban si se les concedía.
Esto originó que, en su fase más aguda, hasta 70 mil migrantes fueran enviados a México en la primera etapa, y más de 5 mil 700 en la segunda, lo que ocasionó que muchos terminaran alojados en campamentos improvisados en los estados fronterizos de nuestro país.
La asociación quejosa promovió un amparo para demandar que las autoridades mexicanas tomen medidas urgentes para proteger a los migrantes en situaciones de mayor riesgo.
Responsabilidad mexicana
Este juicio llegó hasta la SCJN, donde la ministra Margarita Ríos Farjat presentó un proyecto de sentencia en el que precisa que, independientemente de que el programa Quédate en México fue una decisión unilateral de Estados Unidos, las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad legal de atender la situación que se creó en nuestro territorio, con base en el marco normativo de cada una.
Entre otras cosas, ordena que se coordinen para proteger y respetar los derechos humanos de los migrantes.
Que “las personas migrantes tengan conocimiento acerca de las posibilidades con las que cuentan para salvaguardar sus derechos, así como de la información necesaria para conocer los procedimientos o lineamientos bajo los cuales pueden sujetarse, dada su condición de solicitantes de asilo en espera de resolución en otro país”, señala la propuesta de fallo. El proyecto será discutido en la primera sala de la Suprema Corte el 21 de septiembre.
