José Rosas Aispuro y su gobierno sumaron 10 mil millones de pesos a la deuda histórica del estado de Durango. El jueves próximo, Aispuro entregará la administración de aquel estado al priísta Enrique Villegas, cuyo entorno ha subrayado que la entrega económica financiera ha resultado muy complicada y tortuosa. Hace seis años, la deuda estatal ascendía a 13 mil millones de pesos, y actualizada a la fecha se incrementó a 23 mil millones.

Fue Jorge Herrera, el anterior gobernante quien incremento la carga a 13 mil millones de pesos. Y Rosas Aispuro y sus funcionarios se encargaron de engrosarla. Ahora sobre el proceso de entrega recepción se cierne la opacidad, porque en el entorno del nuevo gobernante se advierte que los pasivos heredados “resultan insostenibles; nos están entregando unas finanzas quebradas”.

Precisamente en el pasivo laboral, concerniente a los trabajadores administrativos del sector educativo se cuentan 300 millones de pesos. En el terreno de la enseñanza suman 2 mil 800 millones de pesos que se deberían haber destinado a mejoramiento de infraestructura. Sobre ese total de recursos se aplicó un supuesto refinanciamiento por 780 millones de pesos del que posteriormente no se dio cuenta en las revisiones de la cuenta pública estatal.

También, el gobierno saliente de Rosas Aispuro adeuda 320 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Durango, lo mismo que a la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reclaman 544 millones de pesos.

En el terreno de las deudas del gobierno del estado con los municipios, la administración de Rosas Aispuro, no entregó 200 millones de pesos a las 39 alcaldías que conforman la entidad.

Los proveedores del gobierno estatal, entre ellos los constructores reclaman 600 millones de pesos que no se les han pagado por obras terminadas. Y, por el contrario, resalta la construcción del Puente Francisco Villa -que fue considerado en su momento la obra más importante del estado-, cuyo costo inicial se calculó en 218 millones de pesos, pero a la fecha no se ha concluido y se advierte que el costo final será de 600 millones.

A esa parte de las anomalías financieras y presupuestales del gobierno de José Rosas Aispuro se suma lo que se dio por llamar un Plan de Salida (financiera) que desde enero pretendía “recuperar” 3 mil 600 millones de pesos, y que todavía la semana pasada, se informaba desde el gobierno saliente a los de la administración entrante, que se “tenía la esperanza” de cumplir antes del 15 de septiembre entrante.