El pueblo de México ejerce su soberanía, así lo disponen los artículos 41 y 49 de la Constitución, “por medio de los tres poderes de la unión” uno de ellos es el Poder Judicial, diferente a los otros dos; Legislativo y Ejecutivo son de elección popular, el presidente de la República, los senadores y los diputados, llegan a sus cargos por el voto, no es este el caso del Poder Judicial. Ahí los procedimientos para la designación de los ministros, magistrados y jueces son diferentes y a veces barrocos, nada qué ver con votos y elecciones.

El Consejo de la Judicatura Federal se ocupa de administrar, vigilar y sancionar faltas administrativas de jueces y magistrados. Se integra por el presidente de la Corte, que lo es también del Consejo; por tres consejeros nombrados por el pleno, de la Corte; dos consejeros designados por el Senado, y uno más por el presidente de la República. Siete en total.

Hay otras diferencias importantes: el Ejecutivo recae en una sola persona, el Legislativo en dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, en cambio, la soberanía la ejerce el Poder Judicial a través de un número muy grande de jueces y tribunales diversos, incluidos el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Todo el Poder Ejecutivo lo ejerce una sola persona, el presidente; el Legislativo ejerce el poder por dos cámaras, una de 500 diputados y la otra de 128 senadores. El Judicial federal está integrado ahora, pero seguirá creciendo, por 449 juzgados, 417 tribunales y 42 centros de justicia en los que tienen responsabilidad constitucional y ejercicio de soberanía, más de 600 jueces y más de 800 magistrados. Como se ve hay diferencia.

Actualmente vivimos una etapa de cambios, se trata como lo propone el titular del Poder Ejecutivo, de una transformación profunda; dejar atrás lo que pareció por décadas, nuestra segunda naturaleza, la falsificación electoral y la corrupción. La meta planteada es difícil sin duda, pero avanza firmemente aun cuando, en forma desigual. Pero no se detiene.

En todas partes, al llegar el nuevo gobierno, encontró el lodo de la corrupción y en el Poder Judicial lo hay sin duda. Seguro habrá corruptos, pero con certeza no todos lo son y sabemos que abundan los honorables; lo que de verdad nadie conoce es la proporción entre unos y otros.

De acuerdo con la Constitución, artículo 94, la administración, vigilancia y disciplina de este poder, con excepción de la Corte, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, sin injerencia alguna en el fondo de los asuntos; los litigios, amparos, procedimientos, los resuelven los jueces y los revisan los tribunales superiores. En todos estos organismos de carácter judicial, el poder se expresa por medio de las sentencias, que no son otra cosa que la resolución de conflictos entre partes, y es lógico, si se le da la razón a una, no se la da a la otra, así, las sentencias dejan, por lo regular, descontentos a los que perdieron, esto es, a la mitad de los que acuden a los tribunales; la otra mitad a veces queda satisfecha y otras, más o menos.

Otro aspecto importante es la administración de ese pesado aparato burocrático. En el Constituyente de la Ciudad de México aprobamos que el presidente del tribunal no formara parte del Consejo de la Judicatura; la razón para esta norma de la Constitución local, fue que el verdadero poder de los jueces radica en dictar sentencias, no en administrar bienes y personas. Pero esta innovación, apenas promulgada, fue combatida mediante varios amparos y la Suprema Corte la anuló.

En mi opinión, lo mejor para el Poder Judicial federal y para los poderes judiciales de las entidades federativas, debiera ser la fórmula aprobada por el Constituyente y reprobada por la Corte.

Tengo la impresión de que por una ley de “imitación extralógica”, los poderes judiciales buscan la semejanza, en cuanto a organización interna, al Poder Ejecutivo y no se constriñen a dictar sus resoluciones, definir conflictos, interpretar la ley y defender derechos humanos individuales y sociales; ocupan su tiempo y energía en la administración de los innumerables bienes que se requieren para los servicios que prestan y también en lo que se llama en el mundo globalizado capital humano.

El Poder Judicial es clave para la paz social, para la defensa de los derechos y la solución de los conflictos; su poder radica en dictar sentencias y para ello, debe conservar credibilidad y respeto de la opinión pública, por eso sus integrantes han de tener una fama intachable, conocimientos y una vida personal ejemplar. Su función consiste en aplicar las normas a los casos concretos, lograr que el mundo del ser encaje en el mundo del deber ser; esto requiere aplicación de la ley, conocimiento de la realidad, estudiar los precedentes y tener libertad, honorabilidad, perspicacia y mucha calidad humana. Muchos jueces y magistrados tienen estas cualidades, otros aún no.