Santiago. Mezcla de pasado y presente, ansiedades de futuro: Gabriel Boric, el presidente izquierdista de Chile, intentó ayer conectar la historia trágica del país iniciada el 11 de septiembre de 1973 y hasta el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, con las vicisitudes de su gobierno, humillado hace una semana en el plebiscito que rechazó la nueva Constitución que garantizaba derechos sociales universales.

En el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno, y cerca de la hora en que 49 años atrás el presidente socialista Salvador Allende se suicidaba antes que rendirse a los generales golpistas –a los cuales tildó de “traidores” antes de morir–, Boric anunciaba que el Estado formalmente buscará los restos de los mil 192 detenidos desaparecidos reconocidos y una “agenda integral de verdad, justicia y reparación a víctimas del estallido social” de octubre de 2019, aquel momento de inflexión que sigue irresoluto y que también causó decenas de muertos y centenares de mutilados.

Es que casi medio siglo después, Chile sigue masticando su sangrienta, tenebrosa y amarga historia –las 40 mil víctimas directas entre muertos, desaparecidos y torturados que dejó la dictadura–, al tiempo que no logra resolver la construcción de un futuro colectivo, inclusivo, para sus otras víctimas, los millones de ciudadanos agobiados por el consumismo y las deudas, que dejaron cuatro décadas de neoliberalismo aplicado a rajatabla, con apenas un maquillaje a cargo de los gobiernos de centro izquierda que sucedieron a Pinochet.

Boric, quien para cierta izquierda es una suerte de heredero directo de Allende, trata ahora de recomponer el entusiasmo en sus filas tras el golpe de realidad encajado con la victoria apabullante del “rechazo” a la Constitución garantista, con 61.87 por ciento de votos (casi 7.9 millones) frente a 38.13 por ciento (4.9 millones) del “apruebo”.

“Sabemos que el legado de quienes han venido luchando en continuo por una patria más justa desde hace tanto tiempo, no caduca. A quienes vienen a convidar a arrepentirnos de las convicciones que tenemos, les decimos claramente que nosotros no renunciamos, que vamos a defender firmemente el mandato por el cual llegamos acá, que es un mandato de transformación, un mandato de diálogo, un mandato de generar condiciones de vida digna para nuestro pueblo. Y ese camino de cambios pasa también por hacerse cargo de tener una nueva Constitución escrita en democracia”, dijo desafiante el presidente en una ceremonia en La Moneda.

Y es que desde la apabullante victoria del “rechazo”, la derecha no oculta su intención fanática defensora del pinochetismo. Hay mucha evidencia: apenas la tarde de sábado, miles de bots difundieron en Twitter que Boric había caído hospitalizado en un siquiátrico, por un supuesta angustia depresiva que le había disparado la victoria del “rechazo”, augurando su caída.

Estudiantes vuelven a las calles

Pero no sólo la derecha reaccionó tras la derrota del “apruebo”, sino que la semana pasada los estudiantes de secundaria volvieron a las calles –se dice que liderados por organizaciones anarquistas– a protestar, formalmente, contra la condiciones materiales de los liceos públicos (mobiliario roto, infraestructura decadente, alimentación insuficiente), empeñándose en obstaculizar el funcionamiento de la red del Metro de Santiago y en quemar autobuses del transporte público.

Tales acciones, que han sido reprimidas con gas lacrimógeno y chorros de agua, recuerdan lo que sucedió antes de octubre de 2019, cuando las manifestaciones estudiantiles antecedieron el estallido social protagonizado por millones de ciudadanos insatisfechos.

En la semana que transcurrió desde el 4 de septiembre, sectores en alza de la derecha chilena fueron transluciendo sus intenciones de apropiarse del resultado del plebiscito, interpretándolo como un respaldo a su conservadurismo. También a cuentagotas evidenciaron que la continuidad del proceso constituyente chileno no debe significar reditar una Convención ciento por ciento electa por la ciudadanía, sino que sea entregada a “expertos constitucionalistas”, e incluso alguno propuso que el proceso sea conducido por el ex presidente Ricardo Lagos.

Lagos, funcional a la derecha, evitó en el reciente plebiscito explicitar su opción.

Además de proponer a “expertos”, la derecha también ha dejado entrever que podría ser el actual Parlamento el encargado de redactar una nueva Carta Magna, algo en absoluta contradicción con el repudio masivo que recibe el Poder Legislativo, con una credibilidad inferior a 10 por ciento.

También ponen en duda que se incluya en una eventual nueva Convención a representantes de pueblos originaros en idéntica proporción a la que tuvo la que acaba de finalizar: 17 cupos garantizados de 155 en total.

Boric también quiso alertar contra todo aquello: “ante las voces que poco a poco parecieran deslizar, que quieren recular respecto a los compromisos adquiridos con el pueblo de Chile, me permito también hacerles una reflexión: los resultados del plebiscito no son apropiables por nadie en particular. Y no cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto propuesto por la Convención significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile. Eso no es así”.

También reiteró su intención de continuar ejecutando el programa de gobierno, algo seriamente en entredicho dada la debilidad legislativa al ser minoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Boric, además de reiterar su compromiso con su programa de transformaciónes, dijo respecto de Allende: “lo seguimos oyendo y creo que hoy lo recordamos como él quisiera que lo recordáramos”, pero también “a quienes fueron desaparecidos sin que hasta hoy conozcamos su paradero, a quienes sufrieron persecuciones, humillaciones, exilios, a quienes en los largos años de la dictadura civil y militar cayeron víctimas de la represión sólo por haberse identificado con un gobierno democráticamente electo que buscaba lo mejor para la patria”.