San Cristóbal de Las Casas, Chis. Organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), sugirieron a la relatora especial de la Organización de las Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos, Cecilia Jiménez-Damary, que “recomiende y exija” al Estado mexicano que “se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al territorio y a la autonomía”.

Asimismo, que implemente un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos; cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas; consolidar el programa estatal, con perspectiva de género y niñez, para atender y prevenir el desplazamiento forzado en la entidad.

De igual forma, que impulse el funcionamiento y fortalecimiento de las procuradurías de Protección estatal y municipal con perspectiva interseccional y de género, así como la capacitación de su personal y sensibilización en el caso de desplazamiento interno; que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para Chiapas genere un registro de víctimas del desplazamiento forzado interno con enfoque diferenciado, así como que investigación y desarme a los grupos armados, se consigne a los responsables de los heridos, asesinatos y desplazamientos forzados.

En el informe entregado durante la visita que la semana pasada realizó la funcionaria a la entidad, las organizaciones, entre ellas Cáritas, Melel Xojobal y el Servicio Internacional por la Paz, también le sugirieron que “recomiende y exija” que se garantice la integridad física y la protección de las personas defensoras que acompañan a víctimas del fenómeno y que haya rendición de cuentas de parte de las fiscalías ante avances de acuerdo a la normativa vigente.

Expresaron que el problema del desplazamiento forzado en Chiapas “ha tenido varias causas desde los años 60 hasta la actualidad, por diversos motivos, entre ellos los conflictos religiosos, proyectos de desarrollo y desastres naturales, así como por violencia generalizada y sociopolítica de carácter contrainsurgente que dejó alrededor de 12 mil personas desplazadas en la década de 90, tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”.

Aseguraron que actualmente, “el fenómeno puede tener como raíz añejos conflictos agrarios que iniciaron en los años 70 entre diferentes municipios y/o Bienes Comunales de la región de los Altos, donde operan grupos armados con características similares de acción”.

Señalaron que de 2010 a la fecha se ha documentado el desplazamiento de 14 mil 476 personas de diferentes municipios y recientemente, “la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares”.

Las agrupaciones afirmaron que “la creciente presencia del crimen organizado ha llevado a una agudización de los conflictos territoriales en regiones de la frontera, generando nuevos procesos de desplazamiento forzado en medio de disputas por el territorio”

Agregaron que “no existen datos concretos de personas desplazados en el territorio fronterizo de Chiapas, pero varios ejidos y comunidades han quedado atrapados en la disputa que mantiene el crimen organizado, por lo que ante el riesgo a su vida y seguridad se han visto obligados a desplazarse de su tierra y su territorio”.