Mazatlán, Sin. Los pueblos originarios no se oponen el progreso y siempre han estado dispuestos a trabajar de la mano del gobierno, pero defenderán “hasta con la vida” su territorio sagrado si la operación de una planta de amoniaco en Topolobampo lo pone en riesgo, advirtió Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional indígena de Ohuira.

Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recaba datos en la región con el propósito de emitir un informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual deberá resolver dos amparos contra el proyecto.

Montaño Valenzuela consideró “ilegal” la consulta que ordenó el máximo tribunal del país para conocer la opinión de las comunidades mayo-yoreme, pues, dijo, debió haberse realizado hace nueve años, en el gobierno de Mario López Valdez (2011-2016), cuando comenzó a edificarse la planta.

Los trabajos de construcción por parte de la empresa Grupo Petroquímica de Occidente (GPO) se encuentran suspendidos en la bahía de Topolobampo debido a que no han sido resueltos los litigios con los pueblos originarios, que demandan la reubicación de la planta.

Felipe Montaño indicó que acatarán el fallo de la SCJN de ser consultados, pero los pueblos emprendieron la lucha jurídica contra GPO que, al amparo de “la corrupción de gobiernos federales, estatales y municipales, comete ilegalidades que violentan los derechos de los indígenas”.

Precisó que en los alrededores de la bahía viven al menos 3 mil 500 mayos y yoremes que durante más de 500 años se han dedicado a la captura de camarón y ostiones, entre otras especies marinas. De esa actividad dependen; no obstante, viven en pobreza.

Tres comunidades no han expresado su opinión

El pasado 31 de julio, Montaño Valenzuela encabezó en el embarcadero de Topolobampo una manifestación en la que participaron unas 900 personas a bordo de más de 100 embarcaciones, la mayoría pescadores y sus familias, y lancheros que ofrecen paseos por la bahía.

También acudieron activistas provenientes de las ciudades de Mazatlán, Culiacán, Guasave y del colectivo ¡Aquí No!, que reúne a los defensores nativos del medio ambiente. El contingente navegó hasta el sitio donde se edifica la planta de amoniaco.

Ahí, en un mitin, el gobernador tradicional de Ohuira advirtió: “¡Si tocan a uno nos tocan a todos!” Pidió a los pescadores no desesperar, pues con la ley demostrarán a la SCJN y al gobierno que tienen razón en impedir que avance el proyecto.

Los quejosos advirtieron que la planta de fertilizantes dañará gravemente las especies marinas y la fauna terrestre de la zona, por lo que no descansarán hasta conseguir que las autoridades ordenen que sea reubicada.

Montaño Valenzuela explicó que aún falta consultar a los habitantes de tres poblados mayos-yoremes ubicados en Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones. Son los más cercanos a la bahía y los que resultarían más perjudicados con el proyecto.

El pasado 7 de abril, la SCJN concedió a la comunidad mayo-yoreme Lázaro Cárdenas el amparo en revisión 498/2021 para que no se les excluya ni se les prive de su derecho a emitir su opinión, a fin de reparar la violación a su derecho a la consulta previa e informada, debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó de manera condicionada el proyecto Planta de Amoniaco 2200.

Para la realización del proceso se tomará en cuenta el “protocolo para la implementación de consultas a pueblos indígenas, de conformidad con los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”.

Asimismo, fijó un plazo de cuatro meses a partir de la convocatoria hasta su culminación para la realización del sondeo.

El gobierno federal, por su parte, informó que se realizaron 13 asambleas generales comunitarias para desahogar la “etapa consultiva” del proceso de consulta, los días 9 y 10 de julio, con la participación de más de 2 mil 400 integrantes del pueblo yoreme-mayo, previa etapa informativa.

Sólo la localidad de Juan José Ríos, ubicada en el municipio de Guasave, rechazó la instalación y operación de la planta..

Claudia Quintero Sandoval, activista indígena de Ohuira, aseguró que la convocatoria que emitió la SCJN para consultar a las etnias es inválida, “en primer término porque los jueces se basaron en amparos que no están resueltos (497/2021 y 498/2021) presentados por las comunidades de Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas”.

Además, el sondeo debió efectuarse al inicio del proyecto de la planta de fertilizantes, por lo que “el proceso está viciado”.

Argumentó que los indígenas están molestos, se sienten agraviados y están dispuestos a “dar la vida” para que no pongan en riesgo sus lugares sagrados y la tierra que han habitado por siglos.

No obstante, señaló que cumplirán con la realización de la consulta para que los pueblos decidan si aprueban o rechazan el proyecto.

Sitio Ramsar

El 2 de febrero de 2009 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas declaró sitio Ramsar el sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, que abarca 22 mil 500 hectáreas, donde se ubican ocho islas, es refugio de aves migratorias y área de crianza y alimentación de tortugas marinas, larvas de camarones y tiene una gran zona de manglares.

La planta de fertilizantes que está en construcción se ubica a 19.5 kilómetros de la carretera Mochis-Topolobampo, en el municipio de Ahome, en un polígono del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira.

El proyecto es impulsado por GPO y la empresa suiza-alemana Proman.

Consta de tres etapas: dos serán plantas para producir 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco anhidro, insumo base para la producción de fertilizantes, y una tercera para producir metanol.

La nave industrial tendrá capacidad de almacenar 75 mil toneladas métricas de amoniaco en tres cilindros de acero de 25 mil toneladas métricas cada uno.