Chequera en mano, personeros de Grupo México, propiedad del tóxico barón Germán Larrea, recorren las poblaciones afectadas por el desastre ecológico causado por ese corporativo ocho años atrás en los ríos Sonora y Bacanuchi, para ofrecer dinero a los damnificados (hasta un millón de pesos en algunos casos) a fin de silenciar reclamos, archivar denuncias, romper la unidad de las poblaciones afectadas, aparentar que la empresa ha “cumplido cabalmente” con la “remediación” de la zona dañada y, lo más importante para ella, evadir su responsabilidad, mantener la impunidad y seguir derramando tóxicos por toda la República.

Paralelamente, la misma empresa que se niega a respetar los derechos laborales de los mineros de la sección 65 de Cananea, en huelga desde 2007, maniobra de forma por demás burda para intentar romper su unidad, ofrecer dinero y “olvidar” todo lo ocurrido, en complicidad con las autoridades estatales que no han movido un dedo para encontrar soluciones a un conflicto que se prolonga por 15 años, y contando. ¿Cómo lo hace? Todo con la chequera, nada con inteligencia.

El 6 de agosto de 2014 la mina Buenavista del Cobre (antes Minera Cananea, propiedad de Larrea) derramó más de 40 millones de litros de ácido sulfúrico, tóxicos y metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi. Fue tal la magnitud que hasta el propio titular de la Semarnat peñanietista Juan José Guerra Abud, se vio obligado a reconocer que se trataba del “mayor desastre ecológico provocado por la minería en México”. Con todo, no fue mucho más allá para remediar y sancionar el ecocidio de Grupo México. Nadie tocó al corporativo.

Según las investigaciones científicas de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad de Sonora, con tal derrame Grupo México afectó a más de 20 municipios y poblados de la entidad y dejó alrededor de 25 mil damnificados que –más allá del grave daño físico, económico, productivo, ecológico y a la salud– permanecen expuestos a la contaminación de los ríos, “que no ha desaparecido, cubriendo un área de más de 270 kilómetros y afectando la cuenca” de muchos municipios, incluida la capital del estado. “Las poblaciones de esos lugares sólo fueron avisadas cinco días después del derrame y tampoco existió se-ñalamiento alguno advirtiendo del peligro por metales tóxicos en los ríos afectados. Al ácido sulfúrico derramado hay que agregar que se hallaron arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre en el río Sonora en cantidades superiores a las permitidas según las normas oficiales”. Pese a las contundentes evidencias, “en su informe oficial a la Bolsa Mexicana de Valores de 2015, Grupo México declaró superado el siniestro de 6 de agosto de 2014”.

La realidad no se tapa con declaraciones o chequeras, pero el corporativo cree que si reparte dinero entre los damnificados (y las autoridades, desde luego) todo quedará en el olvido, como en apariencia quedó el “compromiso” de la actual administración de “revisar a fondo” el manejo del Fideicomiso Río Sonora –creado en el sexenio de Peña Nieto tras el derrame– con un fondo de 2 mil millones de pesos, de los que 800 millones fueron “devueltos” a Grupo México por el propio gobierno peñanietista, porque “sus fines fueron cumplidos” (Guillermo Haro Bélches, a la sazón titular de la Profepa).

Por cierto, como senador de la República el actual gobernador sonorense, Alonso Durazo, se comprometió a “meter en cintura” a Grupo México para que resarciera a los damnificados y la “remediación” ecológica fuera rápida y efectiva. En realidad, parece que el corporativo fue el que “metió en cintura” al propio mandatario estatal: nada ha cambiado, especialmente ni la impunidad del corporativo.

Algo similar pasó con el coordinador en Sonora de Programas de Desarrollo del gobier-no federal, Jorge Taddei Bringas (padre del fla-mante director de LitioMx), quien, tiempo a-trás, en entrevista con un medio, dijo: “revisaré cómo se gastó el dinero (del Fideicomiso Río Sonora), los actores involucrados y dónde quedó el recurso faltante … sospecharía (…) que hubo algunos arreglos tras bambalinas y debió existir malversación”. Por ello, “vamos no sólo a preocuparnos, sino a ocuparnos… para que se haga justicia, premisa esencial del nuevo gobierno”.

Y todo sigue en el aire.

Las rebanadas del pastel

¿Quién es el cínico funcionario de la Secretaría de Gobernación que pregona: “Grupo México es un mal necesario para el país”?