Ciudad de México. El PAN y su aliado el PRD ahora advierten que la Guardia Nacional, junto con la prórroga para que actúe el Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública sería ilegal y fuera de la norma. A través de una declaración conjunta, esos partidos sostienen que se sigue poniendo en riesgo a las fuerzas armadas, al protegerle atribuciones que no están contempladas en la norma de su actuar.

"La prórroga que plantean, no solamente extiende la actuación inconstitucional de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, también valida y amplía por cuatro años más, la equivocada y fallida estrategia de seguridad que el gobierno ha trazado y esto potencia por más del doble, dado que serían cuatro años más, los desastrosos resultados que hoy se tienen y no hay duda que se pueden anticipar las terribles cifras de homicidios violentos y desapariciones.

"Además, de poner en un altísimo riesgo a las Fuerzas Armadas por asumir una responsabilidad que no les corresponde -la seguridad pública- lo que origina graves consecuencias por las violaciones al orden constitucional e internacional de su actuación y por los saldos oprobiosos de pérdidas de vidas humanas."

Tanto el panista Marko Cortés como el perredista Jesús Zambrano, continuaron reprochando al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"A diferencia de lo que prometió en campaña y no cumplió López Obrador, ni el PAN ni el PRD estamos pidiendo que regresen los militares a los cuarteles. Lo que estamos pidiendo es que se corrija la fallida estrategia de seguridad que ha incrementado los niveles de violencia e inseguridad y que, como cualquier país democrático en el mundo, México tenga una Policía Nacional civil, bien pagada, equipada y organizada.

Así, Córtes y Zambrano dictaron un mandamiento para todos los partidos de oposición. "Lo que tenemos que hacer los partidos de oposición es:

"Primero, exigir de manera conjunta al gobierno que corrija la fallida estrategia gubernamental de seguridad. Segundo, fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas para que sea como lo dicta nuestra Constitución, es decir, de manera extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria.

"Tercero, exigir y vigilar que en el plazo constitucional restante se dé forma (desde la cabeza, hasta sus integrantes) a una Guardia Nacional civil como lo mandata nuestra Ley Fundamental. Cuarto que, respetando nuestra Constitución, la primera respondiente en tareas de seguridad sea la Guardia Nacional civil y que solo participen de forma extraordinaria y complementaria las Fuerzas Armadas.

"Cinco, que de aquí al 26 de marzo del 2024 —que vence el plazo establecido en el decreto del 2019 para que el presidente de la República pueda disponer de las Fuerzas Armadas—, trabajemos de manera conjunta para que la Guardia Nacional se transforme y se vaya consolidando en una policía nacional civil, y solo entonces poder valorar la pertinencia o no de ampliar el plazo constitucional".