Las familias de migrantes centroamericanos y de otros países víctimas de desaparición y asesinato en México, “que en su mayoría viven en condiciones muy pobres”, enfrentan serias dificultades para tener acceso a los apoyos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), acusaron organizaciones.

Indicaron que entre los requisitos para iniciar el trámite están la acreditación fiscal, disposición de cuentas bancarias y su presentación personal en las instalaciones de la dependencia.

Ante ello, a partir de una demanda interpuesta por la Fundación para la Justicia (FJEDD), que acompaña casos como la masacre de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, un tribunal colegiado ordenó a la CEAV modificar los lineamientos para otorgar ayuda, asistencia y reparación integral, publicados el 5 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.

El vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que los lineamientos publicados “son efectivamente contrarios al principio de progresividad, al condicionar el acceso de las víctimas a sus derechos”, y “se pronunció sobre las indebidas exigencias impuestas” para iniciar los trámites de acceso a los recursos, informaron la FJEDD, Casa del Migrante Saltillo y Cofamide, entre otras.

Igualmente, indicaron, la autoridad “consideró contrario a los principios constitucionales el otorgamiento ‘vía rembolso’ de recursos para el pago de gastos funerarios”.

En un caso relacionado con la masacre de los 72 en San Fernando, “nos han pedido un código bancario que no existe en el país” de donde es originaria la familia, y la CEAV argumenta que “la Secretaría de Hacienda se los exige”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia. Recordó que a pesar de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitida en 2014, “desde ese año las víctimas no han tenido acceso a la reparación”.

Sobre el otorgamiento de recursos por rembolso, indicó que es muy complicado para las familias, que se han endeudado para pagar, por ejemplo, el traslado de los cuerpos de sus seres queridos a sus países.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) medidas cautelares a favor de cientos de migrantes que se encuentran “en condiciones precarias” en el perímetro de las oficinas de dicho órgano en Tapachula, Chiapas, en espera de realizar sus trámites, “ya que las fichas que otorgan no son suficientes”.

Agregó que niños, adolescentes, mujeres embarazadas e individuos con discapacidad permanecen “expuestos a las inclemencias del clima e inseguridad, lo que pudiera generar afectaciones a su salud e integridad, violentando con ello sus derechos humanos”, expuso la CNDH en un comunicado.

Por ello, requirió a la Comar realizar las acciones necesarias ante las autoridades competentes para “garantizar la atención humanitaria de urgencia” a estos migrantes, privilegiando aquellos que se encuentran en especial en situación de vulnerabilidad.