El hecho de que a escala federal y en la mayoría de los estados el desplazamiento forzado interno no esté tipificado como delito ha obstaculizado que los afectados sean considerados víctimas. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, las entidades que lo consideran como tal son Sinaloa, Sonora y Guerrero. Esta situación impide que los perjudicados reciban oportunamente diversos apoyos y atención, advirtieron organizaciones como Serapaz.
“Se les argumenta que por ser desplazados no son víctimas, que el desplazamiento no es delito y tienen que hacer alguna denuncia penal por algún delito, a pesar de haber sufrido enfrentamientos armados, expulsiones, amenazas, agresiones con armas de fuego, destrucción y quema de casas, cultivos y negocios, saqueo de viviendas y robo de animales”, aseveró el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado, integrado por 12 comunidades y grupos de desplazados en siete estados.
En sus observaciones preliminares sobre su visita oficial a México, la semana pasada, la relatora de la ONU sobre los derechos humanos de desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, manifestó que recibió información sobre la dificultad de tener acceso de manera oportuna al registro de víctimas a escalas nacional y estatal, debido a que el desplazamiento arbitrario no está tipificado como delito, pero también porque por la vía de violaciones a derechos humanos no se otorga esa condición “hasta que exista una recomendación de organismos autónomos” en la materia.
Esa situación, subrayó, impide que reciban los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas. No obstante, reconoció que la Ley General de Víctimas es un instrumento “altamente complementario” en el reconocimiento de los desplazados internos “para efectos de protección y asistencia”.
Víctimas y organizaciones apremiaron al Senado a aprobar la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que se tipifique como delito, y demandaron “acciones claras de la CEAV para agilizar el reconocimiento de su calidad de víctimas, entendiendo su problemática específica”.
Julián Méndez Córdoba, originario de El Guanal, en Ocosingo, Chiapas, representante de desplazados en la entidad, expuso que a pesar de que huyeron de sus poblados hace 28 años por conflicto armado, no han sido indemnizados por sus tierras.
