Chilpancingo, Gro. La directora del Centro Regional de Derechos Humanos de Chilapa, Teodomira Rosales Sierra, dijo que las familias desplazadas que se reunieron la semana pasada con Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de la ONU sobre Desplazamiento Interno, esperan que el gobierno federal y estatal, las autoridades, los senadores y diputados locales, cumplan en los hechos “a la buena voluntad y los compromisos manifestados a la Relatora”.

Al agradecer la visita a Guerrero de Cecilia Jiménez, propuso tomar en cuenta “la recomendación de prestar atención a la prevención del desplazamiento y a la generación de soluciones duraderas para las personas desplazadas internamente”.

Aunque mostró sus dudas “respecto a la aplicación de la reforma al código penal del estado donde ya se tipifica el desplazamiento forzado interno como delito; agradecemos su compromiso con las familias desplazadas al venir hasta el Guerrero, y llegar hasta Chichihualco para escuchar el testimonio de las víctimas y así al reunirse con las autoridades estatales y federales”.

Su visita a Guerrero los días 6 y 7 de septiembre “generó esperanzas en las familias víctimas de desplazamiento. En la reunión del día 6, unas 60 personas y representantes de familias desplazadas, desde el año 2011 y los más recientes del 2018-2020, acompañados por el Centro Morelos, se dieron cita en la Casa Diocesana en Chilpancingo”.

Ahí la Relatora Especial de la ONU “manifestó su interés por conocer de manera directa el testimonio de las víctimas, así como las causas de su desplazamiento y la respuesta de las autoridades. Las victimas coincidieron en que la ambición, es la causa del desplazamiento, ya que diversos grupos narcoparamilitares mantienen una guerra por el control del territorio apoyados por el gobierno”.

Las familias desplazadas vinieron de “la Montaña Alta, Montaña Baja, Costa Grande, Acapulco, Tierra Caliente, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, y periodistas desplazados, aunque no todos expusieron su situación, al darse cuenta que había personas de diferentes lugares, manifestaban desconfianza hacia los desplazados de otras regiones”.

Tal vez el formato que se utilizó de participación pública, y abierta “provocó que muchos de los asistentes se abstuvieran de participar y narrar el horror que han vivido, y todo el calvario que viven como desplazados”.

El día 7 de septiembre, en Chichihualco “las familias desplazadas de pueblos del municipio de Leonardo Bravo, Eleodoro Castillo y Zitlala, narraron los horrores que vivieron antes de ser desplazadas; la pérdida de todo su patrimonio, el asesinato y desaparición de familiares, así como la nula atención de las autoridades municipales y estatales para prevenir y atenderlos”.

En su intervención, la relatora Cecilia Jiménez “manifestó su pesar y su solidaridad, así como su compromiso de que al reunirse con las autoridades federales iba a plantear la obligación que tienen de resolver todos los daños ocasionados por el desplazamiento, brindando la reubicación, la reparación del daño, y garantías para que se atiendan las causas del desplazamiento”.

Sin duda “la visita de Cecilia Jiménez-Damary, renueva las esperanzas de las familias; unas por tener el reconocimiento como víctimas, y finalmente que todas las familias puedan obtener la reubicación, la reparación del daño, y justicia.

Lamentamos que en su Informe Preliminar “no hizo mención del señalamiento de las víctimas en relación a la participación de agentes del Estado, que han apoyado a los grupos de narcoparamilitares en el desplazamiento, y la complicidad de las autoridades que generan la impunidad, esperamos que, en su informe final, sí lo mencione, porque es sumamente grave, ya que hace imposible las denuncias y justicia”.

Finalmente agradeció el apoyo del antropólogo Abel Barrera “por acompañarnos en las exigencias de esta grave situación por la que atraviesan las familias desplazadas, y mostrando su preocupación por el alto riesgo en que realizamos nuestro trabajo”.