En los últimos años, México ha visto la conformación de decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas en casi todas sus entidades federativas. En la última década, estas agrupaciones, que enfrentan los impactos de la violencia constante, que no cesa en territorio mexicano, se han ido fortaleciendo, consolidando y trabajando incesantemente por la verdad y la justicia. Se organizan para buscar a las más de 100 mil personas sin localizar. Ellas y ellos, familiares de personas desaparecidas, hacen labores de búsqueda, plantean exigencias amplias y de fondo que, por desgracia, comprometen su propia seguridad e integridad personal y colectiva.
El contexto donde realizan sus actividades es cada vez más difícil de afrontar. Hoy existen en su contra amenazas, hostigamientos constantes, persecuciones, ejecuciones y desplazamientos forzados, que impiden que realicen sus labores de búsqueda en condiciones más favorables y seguras. También vale decir que familiares de desaparecidos se han convertido poco a poco y por urgente necesidad en defensores de derechos humanos que abonan ampliamente a la realización de los derechos humanos de las personas; pero insisto en que, dadas las condiciones de inseguridad en México, estos colectivos viven una situación de riesgo constante por sus acciones de búsqueda y su participación en investigaciones que al respecto llevan a cabo las instancias correspondientes.
Recientemente, conocimos del asesinato de la señora Rosario Lilián Rodríguez Barraza, integrante del colectivo Corazones Sin Justicia, quienes realizan mayormente sus actividades en la localidad de Cruz de Elota, Sinaloa. Resultó consternante tan artero y cobarde el asesinato que se perpetró en el contexto del 30 de agosto, justo el día en que se conmemora a las víctimas de desaparición forzada en México. La señora Rosario Lilián fue privada de la vida cuando salía de una misa celebrada para pedir por la pronta localización de su hijo, Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez, desaparecido desde 2019.
En su posicionamiento sobre este asesinato, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) expresó que va en aumento “la inseguridad que viven las familias buscadoras al ir a donde las autoridades no quieren”; y agregan que “lo que les mueve es el profundo amor por nuestros seres queridos y a miles que buscamos” (comunicado disponible: https://n9.cl/v4x5j). Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para que actúen diligentemente cada vez que una familia buscadora se acerque a las instituciones a denunciar amenazas en su contra. Situación que Rosario Lilián había denunciado, debido a las constantes amedrentaciones recibidas por su labor como madre buscadora.
Ante situaciones así, urge que se responda preventivamente, sin dilación; de lo contrario se pone en extremo riesgo a quienes luchan para dar con el paradero de sus seres queridos desaparecidos. El caso de la señora Rosario se suma tristemente a otros casos muy similares: parece que es una situación, desafortunadamente, que se va convirtiendo en generalizada. Es inadmisible que esto sea una situación que enfrentan las familias, que ya de por sí tienen un dolor inmenso debido a la desaparición de algún ser querido.
Tal escenario hace que sean dobles o triples los impactos de la violencia e inseguridad que experimentan en sus respectivas localidades. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, con razón, comunicó que resultaba “atroz y desgarrador que mientras amplios sectores de la sociedad se solidarizan con las madres buscadoras, haya quien las agreda a todas ellas, asesinando a una de sus hermanas de causa”, refiriéndose al caso de la señora Rosario (comunicado disponible: https://n9.cl/4zuer). El reto es mayúsculo: hacer que las desapariciones cesen, que se localicen a todas las personas desaparecidas. Y ahora, sumemos que se brinde efectiva protección a las familias de estas víctimas de la desaparición. La ley establece claramente el principio y el derecho con el que cuentan todas las personas que buscan a sus familiares para participar constante e informadamente en toda diligencia de búsqueda o investigación. Por ello, también hace parte de las obligaciones del Estado garantizar la protección y seguridad de todas ellas.
Debido a este contexto, deben incluirse y contemplarse las necesidades en particular de estos colectivos en toda política pública de protección, seguridad y atención a víctimas. Asimismo, tanto en el ámbito internacional como en el nacional se requieren recomendaciones y acciones efectivas para la protección y atención de familiares dedesaparecidos con un enfoque de defensores de derechos humanos, haciendo frente seriamente a la inseguridad y riesgo constante en el que viven. Nunca la desaparición y violencias que enfrentan las personas y sus colectivos son normales. No permitamos que se normalicen.
