“Hoy es un día muy triste para la nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica construir un Estado de derecho, a pesar de un gobierno que desprecia a la Constitución y socava a sus instituciones”. Con esta declaración más de 250 organizaciones del colectivo Seguridad sin Guerra se opusieron en diciembre de 2017 a la Ley de Seguridad Interior promulgada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, la cual, advirtieron, militarizaba el país y abría la puerta a violaciones de las garantías de los ciudadanos. Vinieron marchas multitudinarias de repudio a la ley, la mayoría reprimidas por el gobierno del presidente priísta. Los análisis en medios de comunicación, espacios académicos y de la sociedad civil desmenuzaron las implicaciones de dejar en manos del Ejército la seguridad pública. La movilización no paró y, casi un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley al declararla inconstitucional. Faltaban días para que Peña Nieto dejara la Presidencia, y se fue sin concretar en la Constitución lo que de cualquier forma ya había iniciado su antecesor panista Felipe Calderón: la militarización de un país que se estaba desangrando entre la violencia del crimen organizado y de las fuerzas castrenses.
La invalidación de la Ley de Seguridad Interior peñista se dio precisamente un día antes de que el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentara el plan de creación de la nueva Guardia Nacional (GN). Casi cuatro años después, lo que en el peñismo fue rechazado con contundencia, se consolidó ayer con el traspaso de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional, hecho considerado por la alta comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, como “retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos”. Las reformas con que se transfiere el control operativo, presupuestario y administrativo, advirtió la representante de la ONU, dejan a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, situación preocupante, pues “las fuerzas de seguridad pública deben estar subordinadas a las autoridades civiles”. Rechazar la militarización y no olvidar que las fuerzas armadas han sido y son protagonistas de ejecuciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, sin que su participación en la seguridad pública haya disminuido la violencia en el país, es lo que toca, igual que hace cinco años, con los priístas de entonces.
